La presión es enorme y creciente en torno a la tragedia en la que perdieron la vida 14 subsaharianos al intentar atravesar la frontera de Ceuta, pero el Gobierno no tiene ninguna intención, al menos de momento, de entregar cabezas políticas. La estrategia pasa, como es habitual, por esperar a ver si baja el soufflé. Pero de momento no para de crecer. Y ya trasciende a la política española. Este viernes entró en liza nada menos que la Comisión Europea.

La comisaria de Interior, Cecilia Malmström, expresó su “preocupación” por los disparos de pelotas de goma al agua que pudieron asustar a los inmigrantes y agravar la tragedia. La Comisión Europea exige explicaciones y amenaza con sanciones. Y mientras, la oposición aumenta la presión en España, en especial sobre el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.

Pero el Gobierno insiste en defender la actuación “proporcionada y con respeto a los derechos fundamentales de los inmigrantes” de la Guardia Civil, según explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que rechazó que el director de la Guardia Civil mintiera al asegurar en dos ocasiones que no se habían disparado pelotas al mar, algo que acabó admitiendo el ministro, Jorge Fernández Díaz. Sáenz de Santamaría evitó apoyar expresamente a Fernández de Mesa pero le excusó diciendo que al principio hubo “informaciones parciales”.

La situación es muy delicada y en el Gobierno hay preocupación por su evolución, ya que el asunto tendrá también una derivada judicial. Santamaría solo admitió algunas “deficiencias” en la aplicación de la Ley de Extranjería al ser preguntada por las expulsiones en caliente, pero defendió toda la actuación e insistió en que esto se viene haciendo igual desde 2005, esto es con el PSOE.

El Ejecutivo en cualquier caso ve que la presión no es tan fuerte como en otros casos en el electorado del PP y en la opinión pública en general, que es lo que más preocupa siempre al Ejecutivo. Nadie ve en este momento la posibilidad real de que dimita el director de la Guardia Civil, una persona de la máxima confianza de Mariano Rajoy. También está bajo presión política el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González.

El Ejecutivo intenta de momento dejar pasar el tiempo a ver si escampa. Y tampoco quiere entregar lo que dilucidaría qué pasó en la frontera: los vídeos completos de todas las cámaras de seguridad. Preguntada por este asunto, la vicepresidenta aseguró que la comparecencia de Fernández a la semana de la tragedia y con explicaciones detalladas “fue una demostración de transparencia” y aseguró que no sabe si existen esos vídeos. Las denuncias de las ONG ante la fiscalía también reclaman que se entreguen esos vídeos.

El PSOE multiplica su presión y ha convertido este asunto en prioritario. El secretario de Política Autonómica, Antonio Hernando, que presentó este viernes una batería de preguntas parlamentarias sobre el asunto, afirmó que si los 14 inmigrantes fallecidos fuesen “blancos, españoles y con DNI”, el director de la Guardia Civil, “hoy no habría ido a su trabajo" y el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma “estaría cesado”. “Si los muertos no fuesen negros pobres e indocumentados, alguien ya habría dimitido”, insistió.

Con todo, lo que más preocupa al Ejecutivo es que el asunto alcance dimensión europea. Y es lo que sucedió este viernes. Ahora ya no son críticas de una ONG. Es la Comisión Europea la que exige explicaciones y amenaza con la apertura de un expediente. “Las autoridades españolas tienen la responsabilidad de analizar las circunstancias en las que ocurrió este incidente en Ceuta”, señalado el portavoz de Malmström, la comisaria europea de Interior, “muy preocupada” por la confirmación de que efectivamente las fuerzas de seguridad del Estado usaron bolas de goma.

El equipo de Malmström reclama a España que clarifique este episodio y da un paso más: sugiere que, si estas explicaciones no le convencen, podría tomar medidas. “Como guardiana de los tratados, la Comisión Europea se reserva el derecho de dar los pasos adecuados si hay evidencias de que un Estado miembro ha violado la legislación europea”, añade. Por si quedaba alguna duda, la comisaria usó su cuenta de Twitter para mostrar su preocupación. No es este el primer encontronazo entre Fernández Díaz y su homóloga europea. A principios del pasado diciembre, Malmström expresó sus dudas sobre la instalación de cuchillas en las vallas de Melilla. “Por lo que sé de cuando se retiraron, las cuchillas no impedían que la gente entrara, solo hacían que llegaran con más heridas”, aseguró.

También anunció en aquella ocasión que pediría explicaciones al Gobierno español. Pero tras una reunión con el ministro en el que este mostró su enfado por las palabras de Malmström, la Comisión admitió que los Estados miembros tienen las competencias para gestionar sus fronteras y que no disponían de indicios de que España hubiera violado la ley europea.

Esta vez parece diferente.La comisaria Malmström reconoce que los Estados miembros tienen las responsabilidad de gestionar sus fronteras externas. Pero este control ha de hacerse siempre de forma “proporcional con los objetivos perseguidos”. “Se debe hacer de acuerdo con el respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana”, añade el portavoz de la responsable comunitaria.