El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció ayer que 23 inmigrantes llegaron a pisar la playa ceutí de El Tarajal el pasado día 6 y que se les envió en el instante de vuelta a Marruecos. Pero, para intentar justificar de algún modo que no hubo ilegalidad en esta acción, defendió una y otra vez que estos sin papeles no entraron en territorio español.

Fernández, que compareció durante cinco horas en el Congreso para explicar los incidentes que le costaron la vida a al menos 12 personas, contradijo las primeras versiones de los hechos, que insistían en que ningún inmigrante había logrado introducirse en España, y avaló a cambio el vídeo en el que un grupo de subsaharianos llegaba a nado a la playa en presencia de los agentes.

Según el ministro, técnicamente no entraron en nuestro país porque «no rebasaron el control policial». Su argumento es que los agentes podrían haber frenando a los inmigrantes en el mar si hubieran querido pero, «para no poner en riesgo» sus vidas atropellándoles con la lancha, esperaron a que llegaran y, una vez en tierra, los entregaron a Marruecos, que estuvo de acuerdo en aceptarlos.

Vino a decir que, dadas las características de la frontera ceutí, es fácil colarse por el espigón y entrar en la playa. «Esto exige un concepto operativo de aplicación de la legalidad», explicó, distinguiendo entre «el concepto geográfico o topográfico de frontera del concepto jurídico-político», que procede, aseguró, «de la exigencia operativa de articular un control eficaz de la frontera y garantizar su impenetrabilidad».

El ministro dijo cosas como que «la geografía cede ante un criterio jurídico político», que «se ha retrotraído la frontera» o que «no se puede pretender aplicar la ley de la misma forma en Ceuta o en Melilla que en otros lugares» para tratar de argumentar que no se produjeron las denunciadas devoluciones en caliente y que no procedía aplicar en este caso la Ley de Extranjería. No mostró ningún papel o protocolo en donde esté recogida esta tesis ni citó jurisprudencia al respecto.

Los diputados se escandalizaron. «España no empieza donde quiera la Guardia Civil», dijo Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural. «Si las fronteras han cambiado, avísenos, porque puede traer consecuencias colaterales en el derecho de autodeterminación», le espetó Emilio Olabarria (PNV), blandiendo dos sentencias del Tribunal Constitucional en las que se contemplan derechos para los inmigrantes aun cuando no hayan entrado en España: basta con que haya «sometimiento a un poder público español».

Todos los grupos menos el PP coincidieron en que estas prácticas son «ilegales», aunque lleven años produciéndose –como defendió el ministro–, y exigieron que se depuren responsabilidades. El ministro se escabulló cuando se le instó a dimitir si se demuestra que lo que ha dicho no es verdad –«Confío en el relato que me ha hecho la Guardia Civil»– y prometió ampliar el espigón para evitar nuevas incursiones.

También rebatió la versión del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, al revelar ayer que los agentes dispararon pelotas de goma al agua, así como cartuchos de fogueo y botes de humo para «disuadir» a los subsaharianos. Negó, no obstante, que hubiera «una relación de efecto-causa» con las muertes. Quiso dejar muy claro que todos murieron en aguas marroquíes y que la causa fue «por ahogamiento». El PSOE exigió su destitución y le acusó de «mentir».