El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, reconoció ayer que sus agentes no pidieron la documentación a los inmigrantes que la semana pasada llegaron a pisar la playa de Ceuta y fueron devueltos en el momento a Marruecos. Y eso a pesar de que el acuerdo firmado en 2012 entre España y el país vecino obliga a elaborar una «solicitud de readmisión» en la que consten «todos los datos disponibles relativos a la identidad» de los extranjeros y a que Rabat expida, además, una especie de recibo.

Cada vez queda más en evidencia que no había un protocolo policial claro en el intento de entrada en Ceuta de varios centenares de subsaharianos, una tragedia en la que perdió la vida al menos una quincena de personas. Entre los guardias civiles hay preocupación, porque no saben cómo proceder con los inmigrantes que entran en España de forma irregular por lugares no habilitados. ¿Qué se debía hacer con la decena de sin papeles que, tal y como se ve en un vídeo difundido por La Sexta, llegaron a poner los pies en la playa ceutí de El Tarajal? ¿Había que aplicar la Ley de Extranjería y ofrecerles asistencia jurídica y letrada, así como la posibilidad de pedir asilo?

Así lo creen las ONG y el Defensor del Pueblo y así se detalla también en la web del propio Ministerio del Interior, pero desde el Instituto Armado se ha defendido estos días que, por encima de esta ley, prevalece el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos Relativo a la Circulación de Personas, el Tránsito y la Readmisión de Extranjeros Entrados Ilegalmente. Este acuerdo de 1992 (que fue firmado en 2012) posibilita las polémicas devoluciones en caliente. Pero, eso sí, con unas mínimas garantías jurídicas. Una de ellas es que se vea que los extranjeros cuya readmisión se solicita provengan efectivamente de Marruecos, lo que sí quedó claro en el caso de Ceuta. Otra es identificarlos. «No se les puede sacar por la puerta de atrás sin más, sin saber quiénes son. ¿Qué ocurriría si en una de éstas entra y se devuelve sin identificar a un miembro de Al Qaeda?», reflexionan fuentes del Instituto Armado.

Durante su visita de ayer a Ceuta, el director general de la Guardia Civil consideró «impecable» la actuación en la frontera de Ceuta y defendió que las repatriaciones se hacen «de forma legal» y «de la misma manera desde 1993»; es decir, desde que se aplica de forma provisional el acuerdo con Marruecos. Pero Fernández de Mesa también admitió que no se identificó a los inmigrantes: «Yo animo a las ONG a que vean bien los vídeos, en los que se comprueba que no se agrede ni se pide la documentación a nadie, sino que se ayuda, incluso desde el mar, a levantarse a los subsaharianos», dijo.

Un portavoz oficial del Instituto Armado también ha confirmado a este diario que no se realizaron identificaciones. Lo que sí que se hizo, explicó, fue comprobar que no hubiera entre ellos menores de edad y que todos estuvieran en buenas condiciones de salud. También reiteró que el Acuerdo de 1992 impera en este caso.

«En realidad, este tratado con Marruecos es una trampa», explican otras fuentes policiales. «Los inmigrantes no vienen precisamente con un pasaporte en el bolsillo. Si se hace un protocolo claro, no se readmite a ninguno».

Porque, de ceñirse exactamente a lo que dice el tratado, los agentes habrían tenido que llevar a los inmigrantes a comisaría para que los identificara la Policía, que es la que tiene las competencias de extranjería. Y, después, se tenía que haber documentado la readmisión mediante la «expedición» por parte de los gendarmes marroquíes de «un certificado» en el que conste la identificación.

«Marruecos no expide certificados, y menos relacionados con Ceuta y Melilla, que considera sus territorios», explica uno de los guardias civiles consultados. Así que el tratado se convierte en papel mojado y los agentes, en el día a día, hacen lo que pueden.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado en reiteradas ocasiones la ausencia de un «protocolo de actuación» sobre la forma de proceder en estas devoluciones. Lo ha pedido formalmente, pero se le ha denegado.

Human Rights Watch también ha señalado en su último informe, referente a Melilla, que, «en la práctica, las salvaguardas de derechos humanos recogidas en el acuerdo con Marruecos no son respetadas».

Acuerdo de Readmisión de Extranjeros
> Artículo 2. «[…] La solicitud de readmisión deberá ser presentada en los 10 días posteriores a la entrada ilegal en el territorio del Estado requerido. En ella se harán constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requiriente, así como cualquier otra información que se disponga sobre el mismo. Cuando la readmisión es aceptada, se documenta mediante la expedición por las autoridades de frontera del Estado requerido de un certificado o de cualquier otro documento en el que se hace constar otro documento en el que se hace constar la identidad y, en su caso, la documentación poseída por el extranjero en cuestión».