La ONG estadounidense Human Right Watch ha publicado un informe sobre la situación de los migrantes que intentan llegar a España desde Marruecos en el que afirma que la Guardia Civil ha ejecutado “expulsiones sumarias” de extranjeros que logran entrar en Melilla y “ha recurrido al uso excesivo de la fuerza” contra ellos.

El informe, titulado ‘Abusados y Expulsados’ y difundido este lunes, examina el trato impartido a migrantes originarios del África subsahariana que se encuentran en la región noreste de Marruecos, entre la frontera con Argelia y Melilla, a partir de 67 entrevistas realizadas por sus observadores de derechos humanos. “La Guardia Civil expulsó en forma sumaria a migrantes que ingresaron a Melilla y los entregó a las patrullas fronterizas marroquíes en el límite entre Melilla y Marruecos, y en esta instancia, en ocasiones las autoridades marroquíes han golpeado a quienes intentaron llevar a cabo el cruce, incluso niños”, sentencia el trabajo.

Human Right Watch recuerda que “estas expulsiones contravienen la normativa internacional y de la Unión Europea (UE), que prohíbe a los países enviar a las personas forzadamente de regreso a territorios donde estarían expuestas a un riesgo genuino de trato inhumano o degradante”. “El Gobierno español debería poner fin al retorno sumario a Marruecos de los migrantes que ingresan a Melilla. La legislación española exige a las fuerzas de seguridad y fronterizas cumplir los procedimientos de deportación al expulsar a migrantes que ingresan a España ilegalmente”, explica el informe.

No es la única entidad que ha denunciado la expulsiones sobre la marcha de los inmigrantes a Marruecos. PRODEIN ha difundido este fin de semana una grabación que muestra cómo una patrullera de la Guardia Civil empuja a los extranjeros sin dejarles subir a bordo hasta aguas marroquíes. La semana pasada otro vídeo testimoniaba devoluciones por una puerta trasera de la valla de Melilla.

El pasado jueves, en la playa Ceutí del Tarajal, las fuerzas policiales devolvieron también ‘en caliente’ a un grupo indeterminado de inmigrantes que habían conseguido llegar a la costa a nado en un intento que costó la vida a al menos trece personas. Un video mostró como ocho llegaban a la arena. La ONG Caminando Fronteras, basándose en los testimonios de supervivientes, estima que fueron 19.

En cuanto a la violencia, el informe refleja que “tanto las Fuerzas Auxiliares de Marruecos como la Guardia Civil española han recurrido al uso excesivo de la fuerza contra los migrantes que intentan ingresar a Melilla” y exige a las autoridades españolas que aseguren “una investigación diligente de los señalamientos” sobre estos casos en sus propios agentes. Asimismo, pide que el Ejecutivo presione a Marruecos para “que renuncie al uso de la fuerza injustificada contra migrantes”.

La organización detalla que “las acciones coordinadas de Marruecos y España en algunas ocasiones han sido el marco de actos de violencia contra migrantes y expulsiones desde los enclaves españoles hacia Marruecos” y expone varios casos de migrantes que denuncian haber sufrido todo tipo de agresiones por parte de los gendarmes marroquíes.

Uno de ellos es Frank D., que en el momento de la entrevista tenía 17 años y que se marchó de Camerún cuando sus padres fallecieron, en busca de un modo de ganarse la vida. Tras un viaje de seis meses, durante los cuales se desplazó por Níger y Argelia, finalmente llegó a Marruecos. Intentó cruzar el vallado en el perímetro de Melilla pero sufrió un corte a causa de la alambrada de púas y cayó nuevamente del lado de Marruecos y fue arrestado.

“Frank indicó que los guardias lo golpearon con bastones de madera y le causaron heridas, a pesar de que estaba aturdido por la caída y no ofreció resistencia ni intentó escapar. La policía lo trasladó a un hospital, donde permaneció internado dos días bajo supervisión médica. Posteriormente fue dado de alta y aún con muletas, lo subieron a un autobús que lo trasladó hasta Oujda para luego ser expulsado en la frontera entre Marruecos y Argelia”, explica el informe.

No tuvo abogado ni intérprete. No se le informó sobre su deportación ni pudo apelar la decisión. No se tuvieron en cuenta sus derechos como menor de edad que era, no se determinó su edad, no se intentó localizar a su familia y no se designó a un tutor que velase por sus intereses. “Frank fue expulsado de un modo que vulneró su derecho al debido proceso, además de otras violaciones de sus derechos fundamentales”, concluye el informe.

Este es el destino de los que son devueltos desde España a Marruecos, que, por encargo de la Unión Europea, trata de evitar que lleguen migrantes africanos a España por Ceuta y Melilla o por el Mediterráneo. Desde 2011 ha incrementado la presión sobre los que ya se encuentran en su territorio, organiza redadas en los campamentos donde residen, arresta a los que presume que se encuentran en situación irregular y “lleva a cabo expulsiones colectivas de migrantes en la frontera con Argelia”, conforme el relato de HRW.

El informe habla de “casos en que policías marroquíes golpearon a estos migrantes, los despojaron de sus escasas pertenencias, quemaron sus precarias residencias y los expulsaron del país sin cumplir los requisitos de debido proceso (…) el testimonio de los migrantes, corroborado por otras fuentes, sugiere que se habrían producido numerosos casos de abusos de personas originarias del África subsahariana en Marruecos”.

En la actualidad, se desconoce el número de migrantes que residen en Marruecos en espera de una oportunidad para alcanzar suelo continental europeo y las estimaciones van de 4.500 a 40.000 personas. El 11 de noviembre de 2013, los Ministerios de Interior y de Asuntos Migratorios de Marruecos anunciaron una regularización, y calcularon la población beneficiaria entre 25.000 y 40.000 personas.