Varias asociaciones de derechos humanos y en defensa de las personas migrantes presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue la avalancha de más de 250 inmigrantes sucedida en Ceuta el pasado jueves, en la que hubo, al menos, una decena de muertos.

La letrada de la Coordinadora de Barrios y representante de los colectivos denunciantes, Patricia Fernández, explicó que los hechos, tal y como los relatan los afectados, “podrían ser constitutivos de delito”.

Los colectivos denunciantes han considerado que la justicia española es competente para investigar los hechos porque, según Fernández, se produjeron en territorio nacional o en aguas jurisdiccionales españolas y, en todo caso, “bajo la supervisión de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”.

Entre las entidades firmantes de la denuncia figuran el Servicio Jesuita a Migrantes, Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos, Ferrocarril Clandestino, Red Interlavapies, Federación de Asociaciones de Vecinos, Fundación Raíces, Territorio Doméstico, Fundación la merced, Asociación Apoyo, Madres Unidas, Partido por un Mundo Más Justo y SOS Racismo.

Según explicó Fernández, la legislación española sostiene que cuando una persona trata de acceder a territorio nacional por un puesto no habilitado, hay que iniciar un procedimiento de devolución.

“No se trata de un ejército que nos ataque, sino de personas vulnerables, migrantes y, por lo tanto, hay que actuar salvaguardando los derechos fundamentales, algo que es notorio que no ha ocurrido en este caso”, afirmó.

La abogada condenó el uso del material antidisturbios contra personas “migrantes, vulnerables, desarmadas, probablemente hambrientas, con un largo periplo migratorio y procedentes de países en conflicto”.

Además, dijo que las declaraciones que se prestaron por parte de la Delegación del Gobierno de Ceuta no sólo no son suficientes, sino también son “indiciarias de que los hechos no son como nos los han querido contar”.

“Al principio la Delegación mantenía que la Guardia Civil no utilizó material antidisturbios y más tarde reconocieron que sí, aunque no en la playa. Tras ver fotografías de los casquillos en la playa, admitieron que se utilizó, pero dijeron que tiraban al aire”, dijo Fernández.