LA decisión de los ciudadanos suizos, adoptada el domingo en referéndum, de volver a implantar el sistema de cuotas a la inmigración acaba con el acuerdo de libre circulación de personas vigente con la Unión Europea (UE) desde el 2002. Esto comporta dos problemas. Uno para el propio país, que se verá obligado a renegociarlo, en un proceso que muy probablemente comportará también una penalización del beneficioso marco comercial del que goza desde entonces con los 28 países miembros y que ha permitido un importante crecimiento de su economía en los últimos años. La mayoría de los dirigentes comunitarios, visiblemente contrariados por la decisión de los suizos, se expresaron ayer en este sentido.
El segundo problema es para el propio proyecto europeo, ya que el citado resultado del referéndum da alas a todos los movimientos xenófobos y antieuropeístas que están creciendo en numerosos países, como Holanda, Francia, Italia y Gran Bretaña. Esto podría traducirse en un avance de estos ante las elecciones europeas que se celebran justo dentro de cien días.
La UE hará bien en reaccionar con la adopción de sanciones comerciales a Suiza por el paso atrás que ha dado en la libertad de circulación de personas. Este es un principio fundacional y fundamental del proyecto europeo. Como ha dicho la comisaria de Justicia, Viviane Reding, Suiza no puede pretender beneficiarse de las ventajas del libre cambio que supone el acuerdo de asociación europeo sin aceptar la libertad de circulación de mano de obra, ya que va todo incluido. Sería importante insistir en este argumento porque es una forma de poner en valor ante el conjunto de los ciudadanos comunitarios las ventajas globales –y no únicamente los inconvenientes– de la pertenencia a la UE.
El referéndum fue ganado por una mayoría muy justa (el 50,3% de los votos), que refleja la gran división que hay en Suiza sobre la cuestión de la inmigración. Pero es suficiente para obligar a renegociar el acuerdo que regula las relaciones del país con la UE antes de tres años. Paradójicamente, el Gobierno, así como las organizaciones empresariales, estaban en contra. Con todo, lo más preocupante es que el promotor del referéndum ha sido un partido de extrema derecha, la Unión Democrática de Centro o Partido Popular Suizo, que no sólo ha defendido reintroducir las cuotas a la entrada de inmigrantes, sino limitar también los beneficios sociales y el derecho a la reagrupación familiar.
El repliegue sobre sí misma que ha dado Suiza no se explica por la crisis, ya que el paro es apenas del 3,5%, sino por el elevado aumento de inmigrantes que se ha producido desde que abrió sus fronteras, principalmente procedentes de los estados vecinos, como Alemania, Italia y Francia. Uno de cada cuatro trabajadores es ya inmigrante, y ello refuerza el miedo a perder la identidad y la soberanía frente a la UE. En este sentido, el resultado del referéndum podría leerse también como un voto de castigo a la creciente integración europea que sufre el país. Pero la ruptura con la UE, con la que Suiza mantiene el 60% de su comercio exterior, reducirá su crecimiento económico, afectará al empleo y ello agravará realmente, entonces sí, las tensiones por la inmigración.
En cualquier caso, como dijo ayer la canciller alemana, Angela Merkel, el resultado del referéndum es una fuente de problemas considerable. Una mala noticia para Suiza y para Europa.