La prensa alemana señala a una familia española como paradigma de la inmigración que amenaza con colapsar los sistemas sociales centroeuropeos. Se trata de la familia de Said El Kadi, que tras una batalla en los tribunales ha doblegado la política de inmigración de Merkel y ha obligado al Estado germano a pagarle un subsidio de 1.033 euros mensuales, además de las ayudas que ya recibía. El semanario Focus se pregunta: «¿Pero por qué ha venido esta familia a Alemania?»

La respuesta está en la crisis. Después de trabajar 20 años en una panadería, Said El Kadi perdió su empleo y decidió emigrar a Alemania en busca de una oportunidad, por lo que en julio de 2013 se mudó a Iserlohn (Sauerland, cerca de Dortmund) junto a su mujer y sus cuatro hijos. Allí comenzó a recibir de inmediato el denominado Kindergeld, dinero que el Estado alemán transfiere mensualmente a las familias y que suma 184 euros por cada uno de los dos primeros hijos, 190 por el tercero y 215 por el cuarto, quedando fuera los mayores de edad.

Su mujer, enferma de cáncer, pasó a ser atendida por el seguro social alemán de forma gratuita, mientras el hombre, de 42 años, comenzaba a trabajar como repartidor de pizza con un minijob de 400 euros al mes y su hija mayor, de 21, en un restaurante con el mismo tipo de contrato.

El Jobcenter les había negado las ayudas Hartz IV, en virtud de una decisión unilateral del Gobierno alemán, que, en vista de la avalancha de inmigrantes procedentes de los países del euro más afectados por la crisis, decretó en marzo de 2012 por su cuenta retirar esas ayudas a los europeos no alemanes recién llegados, a pesar de la normativa europea.

Lars Schulte-Bräucker, el abogado al que acudió Said El Kadi para tramitar su caso ante las autoridades, recurrió la negativa del Jobcenter, alegando que el Estado alemán no puede otorgar menos derechos a un ciudadano europeo que a los alemanes, según la legislación comunitaria. En un procedimiento rápido, el juzgado de lo social de Dortmund instó a la oficina de empleo a transferir temporalmente a la familia 1.033 euros mensuales en aplicación de la normativa vigente. A su juicio, hay que tener en cuenta que la supervivencia de la familia está en riesgo si no se le garantizan las prestaciones básicas y, en opinión de este juzgado, hay «serias dudas» de que se pueda excluir a ciudadanos de la UE de las ayudas sociales.