Otros quince muertos –sin papeles y sin nombre, pero con una larga historia en los anales del desamparo—sumó esta semana la frontera de Ceuta con Marruecos. Y al Estado, ayer y hoy, bajo unas siglas u otras durmiendo en La Moncloa, no le parece que sean demasiados. Quienes hemos visto a muchos picoletos abrigar la hipotermia de los espaldas mojadas, cumplir con la ley sin excluir la compasión, no terminamos de comprender por qué la Guardia Civil, en ciertos casos más o menos tenebrosos, sigue empeñándose en no depurar responsabilidades internas en lugar de que lo hagan los tribunales ordinarios o los organismos internacionales.

Así ocurrió el año pasado cuando el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas condenó oficialmente al Estado español por la muerte en 2007 de Lauding Sonko, un inmigrante sengalés. Aquel suceso tuvo lugar en la costa próxima al poblado de Benyunes. El de ahora, junto al Tarajal. A un lado y a otro de la ciudad de Ceuta, pero en las mismas aguas donde el pasado jueves, según diversas declaraciones, diversos agentes de dicho Instituto Armado procedieron a disparar balas de goma contra numerosas personas que pretendían cruzar a nado dicho paso fronterizo, aunque ninguno lo lograse y quince duerman ya para siempre bajo las aguas del olvido.

Una condena contra España

Está por ver qué ocurrió exactamente este último jueves y en esa encrucijada. Pero, desde luego, no tranquiliza que portavoces de la Delegación del Gobierno en Ceuta, de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior, discreparan en las versiones iniciales de los hechos, aunque conforme avanzara la semana intentaran brindar una misma explicación a un suceso inexplicable: dadas las circunstancias, ¿nadie se preocupó de alertar a la Cruz Roja, a la Guardia Civil del Mar o a Salvamento Marítimo para que auxiliase a dichos nadadores, o bastaba simplemente con evitar que entrasen y echarles, nunca mejor dicho, los muertos a Marruecos?

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, a donde también podría llegar este otro caso si se le da carpetazo nuevamente por parte de nuestra justicia, tiene meridianamente claro qué es lo que sucedió siete años atrás con aquel senegalés, igualmente ahogado, tras haber sido rescatado con vida de entre las aguas del Estrecho. En su caso, el Estado español fue condenado por violar los artículos 16 y 12 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. ¿Por qué? Quizá por haber pinchado el flotador sobre el que viajaba Lauding Sonko, pero en cualquier caso, por haber sido abandonado a su suerte “en condiciones que le causaran la muerte”. Lo peor es que no se trataba de un hecho aislado, sino de una práctica más o menos habitual: se recogía a los inmigrantes que intentaban nadar hacia Ceuta, les subían al barco de la Benemérita y volvían a arrojarles al mar para que volviesen nadando a Marruecos. Ahora, según las declaraciones de los supervivientes del suceso del jueves, en lugar de haber escarmentado por tales prácticas, los guardias no sólo realizan devoluciones en caliente por la puerta falsa de la frontera y de la ley. También imponen el jarabe de palo a aquellos a quienes sería necesario rescatar y llevar hasta una comisaría para aplicarles correctamente, en su caso, el protocolo de expulsión o de ingreso en un CIE, uno de esos apeaderos de la esperanza humana, tan sórdidos como la neoyorquina isla de Ellis.

Hay demasiadas preguntas sin responder, ayer y hoy, por parte de nuestros representantes oficiales y demasiados datos o indicios sobre la mesa del escalofrío. Ese tipo de prácticas, las de entonces y las de ahora, de ser definitivamente ciertas como todo hace pensar, ¿obedece al capricho arbitrario de unos cuantos psicópatas de uniforme o a instrucciones disuasorias por parte de sus mandos o de la delegación del Gobierno?.

En el caso de Sonko, otras tres personas le acompañaban a bordo de una goma hinchable, de juguete: se trataba de dos jóvenes y una mujer de 52 años que tras llegar a territorio marroquí fueron detenidos y convenientemente llevados hasta el desierto argelino para que su testimonio no apareciera en ningún dossier. Sin embargo, su declaración final resultó determinante para condenar a España, a partir de una demanda planteada por el abogado Alberto Revuelta: “El barco que nos ha sacado del agua se ha dirigido hacia la costa marroquí. Los guardias nos han empujado al agua. Antes de ello, uno de los guardias ha sacado un cuchillo y pinchado los salvavidas de los hombres. El chico costamarfileño vomitaba porque estaba muy cansado y gritaba que por favor no le tiraran que quería pedir asilo, que era refugiado. En ese momento uno de los guardias civiles le ha dado un golpe en la nuca y también le han tirado al agua. El costamarfileño se las ha arreglado para llegar a la playa. El senegalés gritaba que no sabía nadar, y gritaba constantemente que no sabía nadar, y los guardias le han tirado al agua y reían, parecía como si pensaran que todo era una broma. Al principio se ha agarrado a algo del barco, pero los guardias le han soltado del barco a la fuerza. Ya en el agua, el chico senegalés ha bajado y subido a la superficie tres veces y a la tercera ya no gritaba y entonces uno de los guardias, se ha tirado al agua para sacarle.Ya en la costa, en el lado marroquí de Ben Youness, estábamos los cuatro en la playa. El costamarfileño había perdido el conocimiento por el esfuerzo y estaba medio ahogado. El senegalés estaba muerto. La gendarmería marroquí se ha quedado con nosotros pero le ha dicho a la Guardia Civil que el muerto era de ellos, que ellos lo habían provocado. Del lado español ha llegado la ambulancia. La guardia civil ha abierto la puerta de la frontera y dos camilleros han entrado unos metros, dos guardias han metido al senegalés sobre la camilla y le han transportado hasta la ambulancia española junto con los guardias.Hemos pasado tres días en el puesto de la gendarmería a unos cincuenta kilómetros de Tánger, después nos han tirado a la frontera de Argelia”.

Un informe de Amnistía Internacional

Ni aquellos ni estos son los únicos muertos en ese enclave. En agosto y septiembre de 2005, hubo trece cadáveres sin verdugo aparente. Un día, cinco inmigrantes murieron y más de cien resultaron heridos, por un salto masivo a la frontera de Ceuta. Al menos dos de los muertos presentaban orificios de bala en sus cuerpos, aunque las autoridades españolas se apresuraron a apuntar a Marruecos, pero anteriormente también entraron en contradicción al aseverar que uno de ellos había muerto aplastado, quizá por sus propios compañeros, y el otro habría perdido la vida tras quedar enganchado en las cuchillas de la concertina que el Partido Popular ha vuelto actualmente a colocar sobre dicho paso y sobre el de Melilla. Médicos Sin Fronteras, por cierto, destacó entonces que entre los muertos en el lado marroquí había un bebé.

Hubo ocho muertos más, como detalló Amnistía Internacional en un informe en el que imputaba que durante aquel verano “se produjeron graves y repetidas violaciones de derechos humanos tanto en Melilla y en Ceuta, como en Marruecos”, detallando los siguientes extremos: “Uso excesivo de la fuerza por agentes del Estado con al menos 13 muertos y decenas de heridos, expulsiones ilegales de migrantes y solicitantes de asilo de origen subsahariano por parte de España, centenares de personas, entre ellas posibles solicitantes de asilo, detenidas por las autoridades marroquíes y otras muchas abandonadas en el desierto o expulsadas de Marruecos”. Dicha organización ha insistido en denunciar el clima de impunidad que prevalece en dicha zona y aunque reconoce, en su informe de 2006, “el derecho del Estado español a controlar la inmigración pero quiere recordarle que tiene que respetar y proteger los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo: derecho a asistencia letrada e intérprete, a unas condiciones de acogida o rescate dignas, a la identificación de quienes necesitan protección internacional, incluidos quienes huyen de persecución por género (por ejemplo, víctimas de trata de seres humanos) u orientación sexual”.

Si en España ocurre esto, ¿qué no sucede en Marruecos? A 5 de septiembre de 2012, por ejemplo, se hablaba de varios muertos y heridos de gravedad en los campamentos que los migrantes habían levantado entre Segangan y Marihuari, cerca de Melilla, tras violentas redadas por parte de la gendarmería marroquí. Justo un año después, la noticia volvía a repetirse: a 3 de julio de 2013, las Fuerzas Auxiliares de Marruecos volvían a quemar los asentamientos, provocando cinco muerte y decenas de heridos, en ese mismo lugar.

Ante la comparecencia del ministro

Siete años después de la muerte de Sonko, también los supervivientes de la tragedia vivida esta semana en Ceuta hablan de que los fallecidos perdieron sus flotadores “por culpa de la Guardia Civil”. ¿A qué se refieren? Habría que oír y contrastar su testimonio en sede judicial antes de que sean desaparecidos rumbo a Argelia. Hay otras incógnitas: ¿realmente fueron necesarias las balas de goma y los gases lacrimógenos en ese caso? El recuento de 250 personas que intentaban cruzar masivamente o el hecho de que pudieran arrojar piedras u objetos contundentes contra los guardias quizá pudiera explicar la utilización de dicho material en tierra, pero, ¿se utilizaron también en la orilla? ¿dispararon los números de forma disuasoria o no? Ojalá que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras rezar en la misa de hoy por los interfectos, sea capaz de brindar en su comparecencia ante el Congreso explicaciones razonables ante tantas dudas y tan graves lagunas. Sobre todo, teniendo en cuenta que no sólo hay discrepancias en las versiones recogidas a un lado y a otro de la frontera, sino en su propia casa. Así, Francisco Antonio González, delegado del Gobierno en Ceuta, reconoció inicialmente que, aunque no se usaron nunca armas de fuego, la Guardia Civil había lanzado salvas y pelotas de goma contra quienes pretendían entrar a Ceuta. Por su parte, el director general de dicho Instituto, Arsenio Fernández de Mesa, lo negó, llegando a asegurar que sus subordinados actuaron “con una ejemplaridad y un trato exquisito”. Menos mal. En caso contrario, quizá hubiera que contar las muertes a cientos.

Ayer, sábado, para intentar zanjar inútilmente este escándalo, el delegado y ex diputado Francisco González Pérez venía a hablar de “intereses perversos” a la hora de “desprestigiar el sacrificio y difícil trabajo de los agentes de la Benemérita”. Sin embargo no resulta demasiado tranquilizador el hecho de que varios días después de la tragedia no aportase evidencia alguna del impecable comportamiento de dichos funcionarios y apelase tan sólo al patriotismo y a “la valentía, lealtad y entrega de los hombres y mujeres que integran este Cuerpo”. También habría que reconocerle esa misma valentía, lealtad y entrega a los quince ahogados del pasado jueves. Sin embargo, no parece claro siquiera que reconozcamos sus nombres. En algún lugar, más al sur de Bárcenas y de la Infanta Cristina, al otro lado de la prima de riesgo y de los brotes verdes, alguien creerá que siguen vivos, que lograron llegar al paraíso del norte y que, más temprano que tarde, volverán victoriosos a rescatarles del infierno. En los tiempos que corren, hasta los sin vida son sin papeles.