Integración, esta es la palabra clave. Este es el concepto que impulsa la actuación que en materia de atención a menores extranjeros no acompañados se gestiona desde el Gobierno de Canarias, y en concreto desde, la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia, organismo competente en la atención de los menores que, en busca de un futuro de vida mejor, deciden un día embarcarse en una desvencijada patera y lanzarse al mar, alejándose de las costas africanas, del continente que les vio nacer.
Estamos hablando de supervivientes. De niños valientes que durante años llegaban a nuestras costas, y de cuyos cuidados y atención el Gobierno de Canarias, en un ejercicio de responsabilidad, y tras verse desbordados la red de centros de acogida de los Cabildos insulares, asumió casi de forma unilateral.
Hoy la situación ha cambiado. Y de aquellos más de 1.500 menores no acompañados que la Administración llegó a tener bajo su tutela, en la actualidad, sólo quedan 75 en la red de centros de los Cabildos, más otro 8, que se encuentran atendidos en centros en Península, para lo que se ha contado, desde el principio, con entidades sociales especializadas para la gestión de los centros de acogida.
El descenso en la llegada de niños procedentes de la inmigración clandestina del continente africano ha venido emparejado, de forma progresiva, con el cierre de recursos de atención a estos chicos, consolidando una línea de trabajo en la atención de estos niños a través de su incorporación a la red de centros insulares, porque el objetivo es normalizar, integrar a estos chicos para que vivan, crezcan y maduren junto a aquellos otros niños que, por diversas circunstancias, han pasado a estar bajo la tutela de la Administración.
Sin duda, el trabajo desarrollado en lo últimos años ha permitido la integración total de estos menores a todos los niveles, permitiendo que en 2012 desaparecieran definitivamente las plazas tipificadas para MENAs.
Este descenso ha traído consigo que la financiación de las plazas para la atención de menores extranjeros haya ido desapareciendo paulatinamente a medida que disminuía su ocupación. De hecho a día de hoy, no se financia ninguna plaza ni en Gran Canaria ni en Tenerife.
El éxito en los resultados del Acogimiento Familiar Ajeno, la reducida llegada de niños inmigrantes y el cumplimiento de la mayoría de edad y la integración de los mismos en la sociedad canaria, ha traído como consecuencia directa la normalización y el avance en los recursos de protección a menores, un hecho que ha sido objeto de felicitación por parte del Estado así como ejemplo para otras Comunidades Autónomas.
Por eso, la señora Luzardo, en su artículo de opinión, hace muestras más que evidentes que dejó de estar informada sobre la atención de menores extranjeros no acompañados en 2006, puesto que anualmente se realizan Conferencias Sectoriales entre el Gobierno de Canarias y los Cabildos en los que se actualizan los acuerdos en materia de financiación de plazas residenciales.
A esta desinformación, se suma su omisión deliberada de que el Gobierno del Estado, de sus mismas siglas políticas, hace dos años que no colabora económicamente con Canarias. Pero no sólo esto, sino que olvida que fruto de las diligencias llevadas por el Gobierno de Canarias, este año se produjo una aportación que compensaba esa deuda y que se incorporó al crédito extraordinario que ella señala, para abonar la deuda de esos años a los Cabildos, entidades gestoras de los centros de acogida.
Igualmente, omite la senadora que Canarias mantiene la tutela y el sostenimiento económico de niños inmigrantes que residen en la Península, menores que fueron trasladados en el momento de mayor llegada a nuestro Archipiélago, sin haber logrado que el Estado asuma su tutela o la traslade a esas Comunidades Autónomas.
Y, por último, no explica por qué el Estado, habiendo presupuestado esas ayudas económicas para 2011 y 2012, no las ejecutó, renunciando a colaborar con Canarias en el acogimiento y manutención de menores de edad. ¿Esto cómo se traduce? Pues que Canarias sí lo asume porque sus menores de edad, tanto nacionales como extranjeros, tienen derecho a ser niños y niñas y jóvenes; a crecer, a jugar, a estudiar, a tener cubiertas sus necesidades básicas.
Señora Luzardo, conviene a un representante público ser responsable de sus manifestaciones, de sus intenciones, pero sobre todo velar por los intereses de los menores de edad, de todos y todas, y, desde luego, lo que no merecen son demagogias ni hipocresías políticas cuando toca hablar de los recursos que hay que dedicarles.