La falta de oportunidades laborales no solo empuja a los jóvenes a marcharse fuera de Córdoba, sino también a los extranjeros. El secretario provincial de Migraciones de CC.OO., Said Faz, informó ayer de que, con fecha de 30 de junio de 2013, había contabilizados un total de 29.567 foráneos en Córdoba. Sin embargo, este dirigente sindical señaló que calculan que en torno a un 10 por ciento de estas personas, es decir, cerca de 3.000, ya no están en la provincia. «La falta de trabajo y la gran precariedad laboral les obliga a hacer las maletas e irse a otra parte de Europa o a su país de origen», resaltó.

Faz también puso de manifiesto el «fiasco» del retorno voluntario que puso en marcha en 2008 el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Desde su entrada en vigor, tan solo 76 personas se han acogido a este programa en Córdoba. «Esto demuestra que es una medida incompleta e injusta», declaró.

El responsable provincial de migraciones de CC.OO. alertó de un aumento de «mensajes xenófobos» y un incremento del chabolismo y la mendicidad ligada a la población rumana en la ciudad, que mantiene el primer puesto en el ranking de población extranjera en Córdoba, con 12.143 personas de esa nacionalidad. Faz acusó directamente al Ayuntamiento de esta circunstancia al no aplicar ninguna política hacia este colectivo, salvo actuaciones policiales, y no haber convocado el Consejo Local de Inmigración desde que José Antonio Nieto tomó posesión como alcalde en junio de 2011. «Les empuja hacia la exclusión social», lamentó.

Por su parte, el secretario provincial de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Rafael Estévez, mostró su preocupación por el aumento de la economía sumergida en el campo cordobés ante la falta de controles por parte de la Inspección de Trabajo. Según sus estimaciones, en torno al 40 por ciento de los entre 35.000 y los 40.000 jornaleros que desarrollan su labor en las campañas del olivar y de los cítricos en Córdoba no tienen contrato. Un reciente informe los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) hecho público la semana pasada revela que la actividad irregular representa un 30,6 por ciento del PIB provincial.