Los conductores extranjeros han
empezado a pasar por caja pero todavía
pagan realmente pocas de las
multas correspondientes a las numerosas
infracciones que cometen en
las carreteras del País Vasco, un punto
de paso para vehículos procedentes
de Francia u otros países o que,
venidos de Portugal o África, tienen
como destino tierras galas. Según los
datos enviados por Tráfico al Parlamento
Vasco, la recaudación es realmente
baja: en 2013 únicamente han
abonado 419.808,71 euros de un total
de 6.329.580 que tendrían que haber
pagado, lo que representa menos
de un 7% del total.
En el año 2013, los controles de
Tráfico mediante radares fijos captaron
un total de 47.266 infracciones a
«vehículos con materia extranjera»,
cifras que deberían haber supuesto
una recaudación total superior a los
6,3 millones. Sin embargo, aunque
algunas personas podrían todavía
pasar por caja, sólo se han liquidado
de manera voluntaria unos 420.000
euros, dato que contrasta con una
previsión de ingresos próxima a los
1,2 millones anunciada públicamente
y recogida en los presupuestos del
Departamento de Seguridad.
El problema de las multas a extranjeros
viene de largo. Fue en 2012
cuando, bajo mandato del consejero
Rodolfo Ares, Tráfico decidió encarar
la situación y anunció la contratación
de una empresa externa que,
gracias a bases de datos de matrículas
de otros países de la Unión Europea,
iba a permitir localizar a los infractores
en sus lugares de origen y
enviarles las multas a sus domicilios.
Con anterioridad, si el infractor no
era detenido in fraganti por la Policía
no podía ser recaudada la sanción.
Cataluña emplea el mismo sistema.
Ése fue uno de los motivos por los
que la previsión de ingresos de Tráfico
en 2013 se disparó un 42%, algo
que finalmente no ha ocurrido. Los
0,4 millones recaudados quedan lejos
de los 1,2 que se esperaban ingresar
sólo con las multas de extranjeros,
aunque no es menos cierto
que supone también todo un récord
porque, años atrás, esos ingresos
eran simplemente inexistentes.
Además, fuentes del Departamento
de Seguridad explican que
el contrato externo para poder
cobrar estas sanciones está regulado
de tal manera que el pago a
la empresa adjudicataria fluctúa
en función del éxito en sus gestiones
para evitar que la contratación
de ese servicio salga al final
más cara que la recaudación
efectiva. Ni siquiera le sirve hacer
muchas notificaciones: sólo
se lleva su comisión si los conductores
de otros países pagan.
Desde el País Vasco, las autoridades
de Tráfico reclaman al Estado
normativas claras y ejecutivas de
intercambio de información como
las estipuladas por la Unión Europea
en 2011 para poder hacer frente
a un evidente problema. «Esta situación
se ha corregido [con la empresa
externa] en la medida en que
se ha podido. Pero todavía hace falta
que España transponga esa directiva
europea de 2011», indican
portavoces de Seguridad.