Un impreciso texto legal, contradicciones entre el Gobierno, representantes consulares y el temor a quedarse con una mano delante y otra detrás en lo que a asistencia médica se refiere. Todos estos elementos han formado un cóctel que ha llevado a que muchos valencianos que están en el extranjero a la caza de un trabajo (o incluso ya con empleo) anden con el susto en el cuerpo desde el pasado 1 de enero. Fue entonces cuando entró en vigor una limitación a la Ley General de la Seguridad Social (publicada en el BOE el 26 de diciembre, en plenas navidades) con el siguiente texto: ««A efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aún cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que éstas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural».

Otra modificación en la Ley de Presupuestos limita este hecho a los desempleados, aunque el temor se ha extendido entre buena parte de los valencianos. Sólo el año pasado, 700 residentes en la Comunitat se marcharon cada mes en busca de un futuro mejor fuera de nuestras fronteras. Y, según ha podido saber LAS PROVINCIAS de fuentes sindicales, consulares y datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), algo más de 4.000 valencianos podrían verse afectados por esa limitación de su cobertura sanitaria si en algún momento deciden regresar a España.

Fuentes del Ministerio de Sanidad señalan que la nueva situación afecta sólo a los «parados de larga duración que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo», pero lo cierto es que la inquietud se ha instalado entre los expatriados. «Muchos de nosotros tememos quedarnos fuera del sistema sanitario y tener que acabar con un seguro privado en España», lamenta el empresario valenciano David Martínez, quien desde el pasado mes de septiembre está trabajando en la ciudad de Miami.

Desde el ministerio explican que el objetivo es «racionalizar el gasto sanitario» y limitar la cobertura médica «de por vida» que gozaban hasta ahora residentes en la Unión Europea que, después de trabajar un tiempo en España durante el ‘boom’ de la construcción, sobre todo regresaban a su país y España tenía que seguir costeando allí su asistencia facultativa.

«El país pierde inversión»

Pero la información en el exterior es confusa. «Ni los propios funcionarios consulares saben aquí de qué va exactamente la norma…», explica a este periódico el también valenciano José Alberto Sanchis, presidente de la Casa de Valencia en Washington y presidente de la Asociación Nacional de Residentes Españoles en Estados Unidos.

Sanchis puntualiza que por el simple hecho de estar registrado en el consulado del país de destino, «cualquier español tiene derecho a pedir un permiso para recibir cobertura sanitaria en España durante tres meses en caso de regreso». El problema, como puntualiza el representante de los valencianos en Washington, «es que la mayoría de españoles no se registra al llegar, lo cual es fundamental».

David Martínez lanza incluso un argumento ‘moral’ sobre la precaria situación que están viviendo todos aquellos que se han visto obligados a dejar España en busca de un porvenir más halagüeño para poder sobrevivir: «Uno deja atrás familia, amigos y todo lo que tenía, pero el país pierde toda la inversión que ha hecho contigo durante muchos años de educación.