EL Comité Europeo de Derechos Sociales, vinculado al Consejo de Europa, acaba de señalar esta semana en un informe que la exclusión de los extranjeros en situación irregular de la asistencia sanitaria recogido en un decreto del Gobierno del PP de 2012 no es compatible con Convenios Internacionales suscritos por el Estado español. Aquel bochornoso decreto del PP originó fuerte polémica y social y confusión en las comunidades autónomas que rechazaban aplicarlo. De hecho, Euskadi se opuso de manera radical y anunció que mantendría la atención sanitaria universal, lo que llevó al Gobierno incluso a recurrir al Tribunal Constitucional, que avaló la postura de la CAV, que finalmente la reguló en julio de 2013. Ahora, el Consejo de Europa da un nuevo tirón de orejas a la insolidaridad de las políticas sociales que ha ido aprobando la derecha española. El informe del Consejo de Europa que también critica la renta mínima de inserción, que considera demasiado baja excepto en la CAV y Nafarroa, así como la cobertura económica por enfermedad, por debajo del importe mínimo denuncia que el Gobierno del PP, sin otro argumento que el de la necesidad de recortar el gasto público para hacer frente a obligaciones financieras y al rescate bancario, niega la asistencia sanitaria a un colectivo sensible a la exclusión y la pobreza. Un recorte de derechos sociales más que evidencia una falta de reflexión serena y sensibilidad democrática y ética para poner en el centro del debate a la persona, a sus deberes y obligaciones, y para no olvidar la obligación que tienen las administraciones de garantizar los derechos de los más débiles. Lamentablemente, esto a España se lo ha tenido que recordar, una vez más, Europa. Pero la batalla no termina ahí. Las reformas del PP en materia educativa (la Lomce, o ley Wert), el copago farmacéutico, los recortes a los funcionarios o la nueva ley del aborto forman parte del cuerpo legislativo que el Gobierno español trata de imponer en Euskadi pese a la evidencia de que invade competencias propias de Euskadi. Como en el caso de la atención sanitaria, el Ejecutivo vasco debe buscar todos los resquicios posibles para, sin caer en la estéril vía de la desobediencia o la insumisión, garantizar tanto la calidad de los servicios a los ciudadanos como el autogobierno.