eL Comité Europeo de Derechos Sociales, vinculado al Consejo de Europa, acaba de señalar en un informe que la exclusión de los extranjeros en situación irregular de la asistencia sanitaria recogido en un decreto del Gobierno del PP de 2012 no es compatible con Convenios Internacionales suscritos por el Estado español. Aquel bochornoso decreto del PP originó fuerte polémica y social y confusión en las comunidades autónomas que rechazaban aplicarlo. De hecho, en Navarra, el Parlamento foral aprobó una ley propia para asegurar la atención sanitaria universal, una legislación que, como otras leyes forales que no han gustado a UPN y al PP, fue recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional que decidió dejarla en suspenso para primar la aplicación del decreto restrictivo de derechos del Gobierno de Rajoy. Ahora, el Consejo de Europa da un nuevo tirón de orejas a la insolidaridad de las políticas sociales que ha ido aprobando la derecha española, vuelve a dejar en evidencia el criterio del Constitucional y le saca de nuevo los colores por su dependencia política del Gobierno de Rajoy. En Navarra, la presión política y la actividad solidaria de diversas ONG obligaron al timorato Gobierno de Navarra al principio, se resguardaba en la excusa de que el decreto del PP era de obligado cumplimiento a mantener una cobertura propia, más amplia y menos excluyente. No obstante, Salud no ha dejado de aplicar medidas coercitivas y disuasivas hacia ese colectivo de personas, como la entrega de una factura en caso de acudir a la sanidad pública navarra. El informe del Consejo de Europa que también critica la renta mínima de inserción, que considera demasiado baja excepto en Navarra y la CAV, así como la cobertura económica por enfermedad, por debajo del importe mínimo denuncia que el Gobierno del PP, sin otro argumento que el de la necesidad de recortar el gasto público para hacer frente a obligaciones financieras y al rescate bancario, niega la asistencia sanitaria a un colectivo sensible a la exclusión y la pobreza. Un recorte de derechos sociales más que evidencia una falta de reflexión serena y sensibilidad democrática y ética para poner en el centro del debate a la persona, a sus deberes y obligaciones, y para no olvidar la obligación que tienen las administraciones de garantizar los derechos de los más débiles. Lamentablemente, esto a España se lo ha tenido que recordar Europa.