El primer ministro británico, David Cameron, claudicó ayer ante los euroescépticos conservadores en una enmienda al proyecto de ley de inmigración que la propia ministra del Interior, Theresa May, considera ilegal. La polémica medida presentada por el diputado tory Dominic Raab, pretendía restringir el margen de decisión de los jueces ante la deportación de criminales extranjeros con lazos familiares en Reino Unido. «Es incompatible con la Convención Europea en Derechos Humanos», advirtió May. La iniciativa finalmente fue tumbada en la Cámara de los Comunes, gracias a la suma de los votos de laboristas y liberal-democrátas. Pero el episodio pone en cuestión al premier.

Porque Cameron había pedido la abstención en sus filas para esquivar el enfrentamiento con el ala radical de su partido. Sin embargo, no evitó la rebelión. Cerca de un centenar de diputados tories retaron su autoridad y votaron a favor de la propuesta de Raab. Así, el primer ministro quedó a merced de la formación opositora de Ed Miliband para tumbar una enmienda que, de salir adelante, hubiera enfrentado a Reino Unido con el Tribunal europeo. Es la cuarta ocasión en esta legislatura en la que los rebeldestories echan un pulso al Gobierno en temas relacionados con Europa. «Demasiado asustada para votar», se jactó la portavoz laborista del Interior, Yvette Cooper, cuando May se abstuvo en la votación de una enmienda que había tachado de ilegal minutos antes.

Más allá de este asunto, la ministra consiguió sacar adelante, con amplia mayoría, su proyecto de ley que endurece las medidas contra la inmigración ilegal y restringe el acceso a los servicios públicos de los extranjeros sin residencia permanente en el país. Incluso obtuvo un respaldo mayoritario –gracias a la abstención de laboristas– a una enmienda introducida a última hora que permitirá revocar la nacionalidad británica de sospechosos de terrorismo que no hayan nacido en el Reino Unido.

La medida se aplica actualmente a presuntos criminales con doble nacionalidad, pero el Gobierno quiere extenderla a los que únicamente tienen pasaporte británico y cuya «conducta sea perjudicial para los intereses» del país. «Se aplicará en limitados casos de gente muy peligrosa para la seguridad nacional», justificó la jefa del Home Office. Esta premisa fue inmediatamente denunciada como «injusta e irresponsable» por Liberty y otras organizaciones en defensas de los derechos civiles.

El proyecto de ley de inmigración superó ayer su último trámite en los Comunes con una serie de votaciones a enmiendas que Cameron no consiguió evitar. El premier había retrasado los trámites parlamentarios para impedir que las reclamaciones de sus diputados contra la admisión de inmigrantes de Rumanía y Bulgaria coincidieran con la extensión de plenos derechos a sus ciudadanos en territorio de la UE, desde el pasado 1 de enero. Los rebeldes tories insistieron, sin embargo, en su objetivo de exprimir la baza antieuropea para tratar de detener así el ascenso del Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP), favorito ante las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mayo.

La popularidad del UKIP, con su programa antiinmigración y a favor de la salida de la UE, ha forzado el giro a la derecha de los conservadores. La ley de inmigración, que aún ha de superar el escrutinio de los lores, simplifica los trámites para deportar a los sin papeles y en algunos casos sólo admite apelaciones desde el extranjero. Además, exige a los propietarios de viviendas asegurarse de que sus inquilinos tienen el requerido permiso de residencia. Las entidades bancarias, por su parte, tendrán que investigar el estatus de inmigración de sus nuevos clientes y se reforzará la vigilancia para evitar falsos matrimonios, como describió May a los que se casan para obtener el permiso de residencia.

Pero no sólo los ilegales están en el punto de mira del Gobierno británico. Estudiantes y otros extranjeros sin permiso permanente de residencia tendrán vetado el acceso gratuito a los servicios públicos de sanidad, educación y vivienda. «Es justo que paguen por nuestros servicios», resaltó May.