La legislación española que priva a los inmigrantes simpapeles del acceso a la atención sanitaria básica es contraria a la Carta Social Europea. Es la conclusión a la que ha llegado la comisión del Consejo de Europa que vela por los derechos sociales en los 47 países miembros de la institución. El veredicto puede ser la puntilla de una legislación que ha enfrentado al Gobierno central con varias comunidades autónomas y numerosos profesionales sanitarios que se han negado a aplicarlo.
ROSER VILALLONGA / ARCHIVO
Llegada de inmigrantes al centro de internamiento de la Zona Franca
El Gobierno español “debe modificar esta legislación cuanto antes”, explicó ayer Luis Jimena Quesada, presidente del comité europeo de derechos sociales, ya que es contraria a un tratado internacional y este prevalece sobre las leyes nacionales”.
Los estados miembros del Consejo de Europa están obligados a prestar asistencia sanitaria a todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros, al margen de su estatus de residencia legal, recuerda el informe de conclusiones del 2013 presentado ayer por la institución. El decreto ley aprobado por el Gobierno en abril del 2012, por el contrario, limita severamente el acceso a la sanidad pública a los extranjeros residentes en el país en situación irregular. Sólo se prevé atender a menores, mujeres embarazadas y urgencias. El argumento de la mala situación económica en que el decreto ley basa esta restricción no justifica esta violación de un derecho fundamental, advierte el comité. “La crisis económica no puede servir de pretexto para una restricción o negación del derecho a la atención sanitaria que afecta a la sustancia misma de este derecho”, recuerda el informe.
El portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Rubén Moreno, asegura que “no es cierto” ese incumplimiento porque la Carta Social Europea compromete a atender a los que estén establecidos legalmente en el país, no a los simpapeles.
Jimena Quesada subrayó a este diario que la conclusión del comité ampara a los profesionales sanitarios que por razones de objeción de conciencia no quieran aplicar la legislación actual. “Lo que debería hacer el Gobierno es anunciar en la próxima reunión del comité de ministros del Consejo de Europa que va a retirar el decreto”, afirma el presidente del comité europeo de derechos sociales, catedrático de Derecho de la Universidad de Valencia.
Este organismo –el comité de ministros– es el mismo que se encarga de controlar que los Estados miembros apliquen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre ellas por ejemplo la que anuló la aplicación retroactiva de la doctrina Parot (y que el Gobierno acató en cuestión de días). “Nos gusten o no, son decisiones que hay que adoptar”. La decisión “es totalmente vinculante” para las autoridades españolas, recalcó.
El informe publicado ayer por este comité se refiere a la situación de los derechos sociales en Europa entre los años 2008 y 2011, de manera que en principio no debía pronunciarse sobre la legislación española del 2012. El Gobierno, sin embargo, incluyó el asunto entre la información que remitió a Estrasburgo para ayudar a la elaboración del informe. “El comité ha pensado que si no se pronunciaba al respecto se podía interpretar como que se validaba y hasta dentro de cuatro años no iba a volverse sobre el tema, cuando se sabe con certeza que viola la Carta Social Europea. La decisión fue unánime”.