Los técnicos del Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento dicen que estamos ante el único servicio municipal al que los «clientes potenciales» nunca acuden. No acuden ni el maltratado ni el maltratador, a diferencia de otros servicios que se solicitan cuando existe necesidad. La reticencia de los padres a aceptar el problema está en ocasiones en el origen de la conflictividad de los hijos. «La primera reacción suele ser ‘mi hijo no ha hecho nada’», advierten. Y esto es algo que ocurre especialmente en la clase media y media – alta. «No es cierto para nada el estereotipo de que estas cosas ocurren en los hogares con menos recursos», apuntan. Más de uno de los cinco mil niños que ayer desfilaron en la Tamborrada Infantil puede ser beneficiario de este programa impulsado por el Ayuntamiento. «Y no pasa nada por ello. Es una ayuda y no un castigo», añaden los técnicos.

Salvo algún caso en el que los padres acuden a los Servicios Sociales porque no pueden controlar la actitud del hijo o hija, son los profesores, los médicos de los ambulatorios, el personal de los polideportivos, haurtxokos y gaztelekus municipales, los agentes de la Guardia Municipal en el caso de consumos de alcohol y drogas, o el servicio de ayuda domiciliaria los que detectan un posible caso. «La red de profesionales es extensa para localizar antes de que sea ’caso’», señalan. La primera notificación puede llegar desde cualquiera de estos puntos, aunque el grueso procede de los centros escolares porque es donde más tiempo pasan los niños.

Son chavales que tienen problemas con sus padres, con sus compañeros o con los profesores; chavales que no son capaces de superar el fallecimiento de un pariente cercano o la separación de sus progenitores. A veces, solo parece que están tristes; otras veces cuesta que se manifieste porque sus notas académicas son notables y ni los profesores ni los padres perciben nada raro. En otras ocasiones, los chavales no siguen el ritmo de una clase. Cuanto antes se localice un caso, mucho mejor, porque si estamos ante un chaval de 15 ó 16 años, un adolescente, ahí la intervención tiene un recorrido más corto y, además, el problema ha tenido mas tiempo para cronificarse.

En estos momentos son 650 donostiarras menores de 18 años los que están siendo atendidos por el Ayuntamiento. ¿Por qué? Se ha evaluado su caso y se ha considerado que están en un grado de desprotección leve o moderado. Otros 200 han pasado a manos de los técnicos de la Diputación por ser casos graves. Es difícil calibrar si son muchos o pocos casos. Si algo tienen claro los técnicos de Bienestar Social es que «en la medida que la red sea mas potente y mas eficaz, se detectarán mas niños que tienen problemas y se podrán corregir mas casos».

«Cuando decimos que el gobierno municipal invierte en personas nos referimos a programas como éste», dice el concejal de Bienestar Social, Jon Albizu. Los números son contundentes. Pese a la crisis que castiga también las arcas municipales, el Ejecutivo local ha aumentado las partidas para impulsar este programa en los dos últimos años y prevé seguir haciéndolo también en 2014. Pasará de 123.732 euros en 2012 a 204.515 euros en 2014.

Diputación y Ayuntamiento

La ley de Atención y Protección a la Infancia establece que la Diputación es la encargada de los casos de desprotección graves, vinculados normalmente al abandono, el maltrato Físico y psicológico o los abusos sexuales. La Diputación puede intervenir en cuanto lo detecta. En la mayoría de los casos esas medidas no suponen que el niño salga de su familia, sino que se procura intervenir cambiando las circunstancias que han hecho que ese niño no esté siendo atendido adecuadamente por sus padres o responsables.

La primera actuación es la de realizar una investigación en profundidad. Según la valoración obtenida, se adoptan medidas. Las más habituales suelen ser las intervenciones en el domicilio y las psicoterapéuticas, en función de los problemas identificados. Otras veces, los malos tratos se deben a situaciones de estrés familiar por falta de recursos y entonces se intenta proporcionar esos recursos mínimos para que la situación no se repita. Este tipo de notificaciones las puede hacer cualquiera. «Lo puede hacer un particular, un profesional como, por ejemplo, un médico que en una inspección hospitalaria detecta una situación de maltrato o un profesor que ve que un niño no esta adecuadamente atendido por sus padres. Por tanto, cualquier persona que tenga conocimiento de esa situación», explican.

En el Ayuntamiento el funcionamiento es diferente porque, para empezar, no se puede intervenir sin autorización de padres o tutores. Se actúa de forma consensuada. Y porque necesita ese entramado para detectar situaciones en este colectivo que, en su mayoría, tiene entre 0 y 16 años.

En estos momentos, 30 centros escolares de 52 que existen en Donostia participan en este programa de intervención precoz en materia de protección infantil. Seis centros han rechazado participar. Las razones para no formar parte de esta red solo las conocen sus responsables. Albizu explica que cada curso se vuelve a insistir con aquellos que declinan entrar en el sistema. El curso que viene se sumarán siete más.

La estrategia a seguir en cada centro escolar por los técnicos de Bienestar Social se determina en función de tres indicadores: la tasa de absentismo que cada colegio está obligado a comunicar al Departamento de Educación, la tasa de emigración y el numero de alumnos – se redoblan medios en los colegios con mas de 700 niños – . «Se exige compromiso a los centros escolares», subrayan los técnicos de Bienestar Social, encabezados por Edorta Azpiazu.

Compromisos

A cambio, el Ayuntamiento ofrece formación a los profesionales del centro con cursos de cinco horas en los que se explica qué es desprotección y qué dice la ley; asesoramiento para saber como atajar un problema de xenofobia, por ejemplo, y se hace un trabajo de intervención precoz. Así, en un aula, donde mas que la historia singular de uno de los alumnos se ha producido una situación de violencia o ha fallecido un compañero, los profesores piden ayuda y los técnicos les aconsejan sobre cómo dominar y manejar lo que está ocurriendo. En un primer momento solo se opera a través de los padres y el tutor del centro escolar al considerarse que son los agentes fundamentales del cambio.

Pero no es un menú a la carta, recuerda Albizu, y el centro escolar tiene contrapartidas. Tiene que tener un papel activo y no pasivo. «Poco a poco tienen que participar todos los profesionales del centro, pero, además, deben implicarse todas las tipologías, no solo el maestro. El conductor del autobús, los cuidadores del comedor o del patio, son fundamentales a la hora de detectar determinados comportamientos, sobre todo entre los mas pequeños».

Para ello se crea una comisión mixta entre profesionales del Consistorio y el centro, que se reúne una vez al mes. Si hay algún caso, si alguien ha detectado algo, se habla y se hace la evaluación. Lo que si es importante es la puesta en común de determinados síntomas que ayudar a diagnosticar lo que ocurre. La acogida no es la misma en todos los centros y hay algunos que se implican con fuerza.

Desde ese punto, una vez localizado el caso, se pone en marcha un plan individual que busca, como es obvio, revertir la situación en un tiempo determinado y con unos recursos concretos. La ley exige la participación de terapeutas y educadores. «Normalmente», la intervención debe acabar antes de 21 meses, pero hay casos, «los mínimos» en los que hay que empezar de cero una vez evaluado el caso, Los técnicos de Bienestar Social y el edil Albizu coinciden en señalar que este trabajo es invertir en futuro». «Es muy complicado saber en qué grado pero cuanto mas extensa sea la red de captación y los medios, mejor para todos», concluye.

euros: El Gobierno local destinará esta cantidad al programa en los Presupuestos de este año. En 2012 la partida fue de 123.732 euros.

meses: en los que debe finalizar una intervención.En caso de no hallarse la solución, se parte de cero otra vez.