Oier Llinás

La carrera hacia la consulta sobre la separación saca a la luz a menudo contradicciones que a priori parecen imposibles pero que podrían hacerse realidad si ganara el sí. La última de ellas, que los miembros del nuevo estado independiente podrían mantener la ciudadanía británica. Es decir, tendrían pasaporte escocés y, si quisieran, también británico. La razón a este galimatías hay que buscarla en la normativa sobre la ciudadanía que actualmente se aplica en Reino Unido.

Según el Acta de Nacionalidad británica aprobada en el año 1981, los hijos de ciudadanos de Gran Bretaña nacidos fuera de sus fronteras pueden heredar la nacionalidad de sus progenitores. Actualmente, todos los nacidos en la zona norte de la isla son británicos por lo que sus hijos, que vendrían al mundo en una Escocia independiente, podrían pedir la ciudadanía británica sin ningún problema. La cadena se partiría en este punto ya que sus descendientes no se considerarían ciudadanos británicos porque la norma solo se aplica la primera generación. A esto hay que añadir que el ejecutivo de Edimburgo propuso que tras la independencia, todos los ciudadanos británicos residentes en Escocia y los escoceses que vivan fuera del país recibirían la nacionalidad. Lo mismo ocurriría con cualquier persona cuyos abuelos sean escoceses.

Fue el gobierno británico quien dejó el tema al descubierto el jueves cuando publicó un documento titulado Fronteras y ciudadanía en el que se analizan las consecuencias que una posible separación podría tener en el sistema que regula la ciudadanía.

Londres admitió que los habitantes del norte de la isla podrían mantener su pasaporte británico aunque, también recalcó que se trata de una normativa que puede ser modificad si el gobierno del momento así lo desea. En esta línea, el documento llama la atención sobre el “modelo amplio” de ciudadanía que propone el gobierno escocés. El Gabinete británico recordó en su informe que “no todos los habitantes podrían querer tener la ciudadanía escocesa”. Además, fue un paso más allá señalando que la propuesta del gobierno nacionalista podrían “duplicar” el número de escoceses ya que se calcula que unos cinco millones de personas en el mundo podrían tener abuelos procedentes de Escocia. Esto podría, según Londres, crear problemas en el Espacio Común de Viaje (CTA, en inglés) que comparten irlandeses y británicos en la actualidad. A este respecto, el gobierno irlandés se desmarcó alegando que “el CTA no cambia en ningún sentido la manera en la que se regula quien puede entrar o no en Irlanda”. Por su parte, las campañas políticas Yes Scotland (Sí Escocia) y Better Together (Mejor Juntos), a favor y en contra de la separación respectivamente, recibieron un jarro de agua fría el jueves cuando la última encuesta de actitudes sociales escocesas mostró que los ciudadanos se preocupaban “poco” por los temas en las que ambas organizaciones están centrando sus discursos. Según la encuesta, realizada a casi 1.500 personas, lo que importa a los escoceses es si tras la separación estarán mejor o peor económicamente.

De hecho, según los resultados, el 52 % de la población votaría a favor de la independencia si supieran a ciencia cierta que los ingresos se incrementarían 500 libras al año por persona. De la misma manera, tan solo el 15 % de los encuestados seguiría a favor del nuevo país si la entrada de dinero disminuyera en 500 libra anuales.

Unas cifras que muestran lo alejados de la realidad que se encuentran los debates políticos sobre la separación. Cuestiones como la pertenencia a Europa, la moneda o la futura forma del sistema de pensiones importan más bien poco a los escoceses. Los ciudadanos demandan más información para saber si la economía mejoraría tras la creación de un nuevo estado, en lo que creen un 30%, o si, por el contrario, empeoraría tal y como opina un 34 % de la población. La conclusión que se desprende con claridad de esta encuesta es que el caso de la independencia escocesa atiende, sobre todo, a razones económicas por encima de las políticas.