El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado contrario a la propuesta de la presidencia griega de la Unión Europea de hacer un reparto más equitativo de los inmigrantes irregulares entre los países miembros, pues considera que el problema debe resolverse sobre todo en origen.

“La reubicación es un tema de especial complejidad. No creemos que en sí mismo sea una solución”, ha dicho Fernández Díaz en un encuentro con la prensa española durante el Consejo de ministros de Interior de la UE que se celebra en Atenas.

A juicio del ministro, la mejor solución es “abordar el problema en origen, con políticas de prevención en los países de origen, cooperación reforzada con los países de origen y tránsito, lucha contra las mafias y control con los equipos conjuntos policiales de las fronteras marítimas”.

Fernández Díaz ha señalado que la gestión de la inmigración tal y como se ha llevado a cabo en España en los últimos años “es un modelo que puede trasladarse a otros países”, pues ha dado “excelentes resultados”. En ese contexto ha citado la eficacia que ha tenido la buena cooperación con la agencia de protección de fronteras exteriores Frontex o con el Reino de Marruecos, o los programas de retorno voluntario.

Reparto de los refugiados

El ministro ha recordado que mientras que en la denominada ‘crisis de los cayucos’ en 2006 llegaron a las costas canarias 30.000 inmigrantes irregulares, en 2013 ya solo fueron 200. En cifras totales, la llegada de sin papeles cayó el pasado año un 18% con respecto a 2012, año en el que ya se había registrado un retroceso del 30% en relación con 2011.

Respecto al reparto de los refugiados que no de los inmigrantes irregulares, Fernández Díaz ha precisado que en este punto “vamos a escuchar las propuestas de la Comisión Europea”. Ha recordado que España, “siguiendo los principios de solidaridad”, está siendo muy activa desde los ministerios de Interior y Empleo con el programa de reasentamiento de personas desplazadas y refugiados. Fernández Díaz ha recalcado que en este asunto deben primar “los principios de solidaridad compartida”, y que estos deben regir también en temas de financiación.