Cuentan las acusaciones que procesada y víctima eran inseparables hasta que la amistad se envenenó en el verano del 2011. La primera no lo pudo superar. Se sentía traicionada y urdió una venganza que sería de tebeo si no fuera por lo que tuvo que pasar la perjudicada, que fue golpeada, amordazada, atracada y despojada de su perro.

Según el fiscal, fue la amiga de esta mujer la inductora de todo ello, la que contrató a cuatro jóvenes de etnia gitana para cumplir su venganza. La acusación sostiene que la procesada sabía de sobra que el mayor daño que se le podía hacer a su ex compañera era privarla de su perro. Le tenía un enorme cariño y la acusada estaba convencida de que la víctima haría cualquier cosa por recuperar a su mascota. Pero no se conformó con eso. También quiso vaciarle la casa de todo cuanto objeto de valor tenía, sobre todo aquellos detalles que le había regalado durante sus años de profunda amistad.

A los cuatro hombres que supuestamente contrató, dos de ellos defendidos por el penalista Diego Reboredo, del despacho de Ramón Sierra, les dio todos los detalles de la vivienda, del horario de su dueña, de dónde tenía guardadas las joyas y el dinero. Y como era conocedora de los movimientos de la víctima a través de amigas en común, urdieron un plan para entrar en el piso, ubicado en Monte Alto. Sabía que su excompañera esperaba en aquellos días de agosto del 2011 la entrega de un baúl que le tenía que enviar una tienda de muebles. Así que uno de los supuestos secuestradores se presentó en el negocio, se hizo pasar por amigo de la víctima y se ofreció a llevarle el bulto, que cargó en una furgoneta. Y los cuatro pusieron rumbo a la vivienda.

Asalto

Una vez en la puerta, entraron en el piso sin problema haciéndose pasar por empleados de la mueblería. Metieron el baúl dentro y ya se abalanzaron sobre ella. Le pegaron y la amordazaron. También la amenazaron con matarle el perro si no les decía en lugar en el que guardaba las joyas y el dinero. La mujer les informó de todo. Y con todo y perro se fueron, dejando a la víctima maniatada, según relata el fiscal en su escrito de acusación. La mujer pudo soltarse e ir a pedir ayuda a un vecino, que llamó a la policía.

Al día siguiente, recibió una llamada en su teléfono en el que le decían que si quería que su perro muriese de viejo tenía que entregarles nada menos que 36.000 euros.

La policía se puso manos a la obra y en unas semanas ya tenían la investigación cerrada. Al pero lo recuperaron en casa de una amiga de la procesada que no sabía la procedencia ilícita del animal. Y los cinco fueron enviados a prisión.