Carlos, Cecilia y su hija de 15 meses fueron desalojados el martes del 3.º 1.ª (propiedad de Bankia) del número 92 de la calle Rasos de Peguera, en Ciutat Meridiana, la Villa Desahucio de Barcelona. De hecho fue un desalojo, no un desahucio, porque a los ocupas se les desaloja; el desahucio y el lanzamiento son técnicamente para quienes han dejado de pagar un alquiler o una hipoteca. Y, como era un desalojo, los servicios sociales no estaban presentes, aunque el caso afectara a una criatura de meses.

La familia desalojada en Ciutat Meridiana

Esta familia hondureña-salvadoreña entró hace 16 meses (ella estaba embarazada) en el piso pagando un alquiler… sin contrato, como ocurre a menudo. Dejaron de pagarlo porque quien les había alquilado el piso se marchó un buen día a su país. Pasaron a ser ocupas sin querer. “Estamos estudiando presentar una denuncia porque es un caso que se sale de lo corriente”, señala Filiberto Bravo, presidente de la asociación de vecinos de Ciutat Meridiana.

Carlos lleva más de seis años en Barcelona, Cecilia casi cuatro. Se casaron aquí y primero vivieron con la familia de él. Cuando iban a tener un hijo, Carlos conoció a el Niche, un dominicano. “Me dijo que nos alquilaba la habitación grande de su piso por 150 euros al mes y que él solo iría a dormir”. Pero el Niche (“yo no sabía su nombre real”, asegura Carlos) no iba a dormir. “Vino tres meses a cobrar, luego se lo tragó la tierra”. Preguntando en el barrio, concluyeron que había vuelto a su país. De eso hace más de un año. Un día apareció la policía “a preguntar por el Niche y yo les dije que no vivía allí, claro”. Los agentes tomaron nota. Carlos y Cecilia se enteraron así de que el Niche tenía el piso embargado.

En la ficha del Banco de Alimentos de Ciutat Meridiana consta que Carlos tiene unos ingresos mensuales de unos 200 euros. “Hago faenas de fontanería con un amigo que me paga 230 al mes; mi mujer limpia casas”, explica. La pareja es usuaria del Banco Solidario de Alimentos. El último lote de comida lo recogieron en Navidad. La Asociación de Vecinos y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Ciutat Meridiana conocieron el caso hace siete meses, cuando estaban parando un desahucio en el número 90 y advirtieron que la policía iba a sacar a alguien en el 92. “Iban a echar al propietario, que había dejado de pagar la hipoteca –explica Bravo– y se encontraron con esta familia que, sin contrato, fue fichada como ocupa”.

El martes, Carlos y Cecilia, y un amigo ecuatoriano que estaba con ellos, vieron como los Mossos entraban en la casa con una secretaria judicial y un cerrajero (no hizo falta, les abrieron la puerta). Avisaron a Bravo y éste habló con los agentes, les pidió la orden judicial (“no me la enseñaron”) y discutió con ellos. “No había nadie de servicios sociales. Un mosso les llamó varias veces y no los localizó, así que les dio el número de teléfono a Carlos y Cecilia”. Estos ya habían liado bultos con ropa y otros enseres y los dejaron en casa de un vecino. Ya estaban en la calle. Después fueron a las oficinas de los servicios sociales. “Llegamos a las 10 y fuimos porque nos dijeron que los servicios sociales deberían haber estado cuando nos echaron, porque tenemos la niña de meses. Hasta las 13,30 no nos atendieron y nos dijeron que fuéramos al Banco de Alimentos, nada más”. El Ayuntamiento explicaría después que “se les atendió, pero no hizo falta activar los servicios de acogida porque se quedaron en casa de unos conocidos”. Un caso nada corriente, según Bravo, que 24 horas después tenía una cita corriente: concentración para parar el desahucio de una pareja con dos hijos en el barrio de Porta.