Recortes presupuestarios, inmigración, torturas, el pago de la deuda, deshaucios. Y un largo etcétera. El Observatorio de los Derechos Humanos denuncia en un breve pero contundente apartado del informe mundial de 2014 publicado este martes un extenso listado de los problemas que acucian a los sectores más desfavorecidos de la población española.

Según el documento, los españoles sufren la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por malos tratos y tortura; y el impacto de los recortes presupuestarios, “sobre todo en los grupos vulnerables, incluidos los niños y las personas discapacitadas”. Esta frase, recogida en el informe, alude a las palabras textuales de comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, que pronunció el pasado octubre.

Grupos vulnerables que cada vez crecen más y tienen menos poder de protesta. El informe recuerda la lucha de los ciudadanos para la cancelación de la deuda hipotecaria, y el rechazo que obtuvo por parte del Gobierno, que en mayo de 2013 aprobó reformas limitadas para hacer frente a la crisis inmobiliaria. La ley mejora la revisión judicial de los contratos hipotecarios, a raíz de un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo que dictaminó que la ley existente viola las normas de protección de los consumidores de la UE; y amplía ligeramente la moratoria sobre los desalojos e incluye medidas para aliviar la deuda hipotecaria.

Cárceles, políticas presidiarias y la memoria histórica también han sido estudiadas por la organización. El documento recuerda la solicitud, por parte de una juez en Argentina que ejerció la jurisdicción universal, de la extradición de dos exfuncionarios del régimen de Franco por tortura; en noviembre de 2013, el Comité de la ONU de las Desapariciones Forzadas también se coló en la memoria histórica e instó a España a que investigara todas las desapariciones forzadas, independientemente de cuándo fueran cometidas y concluyó que el régimen de incomunicación viola la prohibición de la detención secreta bajo la Convención sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.

En abril del pasado año, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura expresó su preocupación por las denuncias de malos tratos a los sospechosos de terrorismo en régimen de incomunicación y las personas bajo custodia policial, así como también por las precarias condiciones carcelarias. El informe añade la confirmación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot, “la prolongación retroactiva de las penas de prisión, que limita la elegibilidad de libertad condicional para los condenados por delitos de terrorismo, violó las normas de un juicio justo”. A mediados de noviembre de 2013, 31 presos habían sido puestos en libertad –24 de ellos miembros de ETA—, de acuerdo con la sentencia.
Racismo

Los extranjeros también tienen dificultades para vivir en España. La conclusión se apoya en las declaraciones de Mutuma Ruteere, el relator especial de la ONU para racismo y xenofobia, que expresó a principios de enero del pasado año su preocupación por el empeoramiento de la situación de los inmigrantes, incluyendo un alto nivel de desempleo, restricciones al acceso a la atención médica, la segregación de facto de los barrios inmigrantes y la propagación de un sentimiento anti-romaní.

Aunque en los últimos meses, el problema de la valla de Melilla ha sido el foco en temas de inmigración. El Ministerio del Interior informó el pasado septiembre que desde enero, casi 3.000 inmigrantes intentaron entrar al enclave español de Melilla, casi el doble que en el mismo periodo de 2012. Más de tres cuartas partes no pudieron entrar, en medio de acusaciones de que las fuerzas de seguridad habían deportado rápidamente a los inmigrantes a Marruecos, a pesar de la sospecha de abusos por parte de la policía marroquí.

En mayo, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, instó a la policía a introducir formularios para registrar la detención y recopilación de información relacionada a la etnia, la raza y nacionalidad y el motivo de la revisión de la documentación de identidad. Un mes después, la subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso, declaró que la policía aplica criterios étnicos cuando lleva a cabo revisiones relacionadas con el estatus inmigratorio.

También en Lleida, el Tribunal Supremo anuló la ordenanza que prohibía el velo integral, argumentando que violaba la libertad religiosa. Después de esa sentencia, la Generalitat anunció su intención de prohibir los velos que cubrieran la cara en público por razones de seguridad, mientras que en agosto la policía de Cataluña intentó recopilar datos sobre las mujeres que usaban el velo integral.