Todo empezó con algo tan simple como las ganas de fumar. El pasado 10 de diciembre hacia las nueve de la noche, un interno senegalés del Centro de Intermiento de Extranjeros de Madrid (CIE) se dirigió a uno de los policías que vigilaban la instalación para pedirle fuego —los extranjeros ahí recluidos no pueden llevar consigo mecheros o cerillas—. “Vete de aquí, negro de mierda, hijo de puta”, le respondió supuestamente el agente. Baba (nombre supuesto), otro interno ghanés que pasaba por ahí tras terminar de cenar, escuchó el insulto y decidió no callarse. “Este señor merece un respeto”, le dijo al vigilante. “Usted mismo tiene que respetar el uniforme que lleva”, añadió. Las observaciones de Baba no sentaron bien al policía. Éste y al menos otros dos compañeros sacaron sus porras y comenzaron a pegarle. Baba acabó en el hospital con una lesión en el hombro. La fiscalía de Madrid ha dado credibilidad a su queja.

El fiscal jefe, José Javier Polo, presentó una denuncia contra los presuntos agresores el 16 de diciembre. En su escrito considera que habrían podido cometer las “infracciones penales” de lesiones, un delito contra la integridad moral (trato degradante a un detenido) maltrato y vejaciones. Se basa en un informe de otras dos fiscales que, al día siguiente del incidente, visitaron el CIE. Ocho de los 11 internos con los que se entrevistaron les explicaron que varios policías habían insultado y agredido a dos internos la noche anterior. Ninguno de los extranjeros que denunciaron los hechos a las fiscales había participado en los altercados y todos eran de diferentes nacionalidades. Pero coincidían en su relato. Que una decena de agentes agredieron con sus porras al ghanés, al que luego encerraron en la celda de separación. Que la presunta agresión provocó que varios internos se negaran a desayunar al día siguiente en protesta por lo sucedido. Los entrevistados señalaban a dos policías del turno de noche a los que calificaban de “problemáticos”.

En los CIE coinciden internos condenados por delitos cuyas penas son sustituidas por su deportación con inmigrantes que simplemente están en situación irregular. Baba, de 39 años, se encuentra entre estos últimos. El Ayuntamiento de la capital en la que reside y en la que está empadronado desde 2005 certificó que estaba integrado y tenía arraigo en España. Carece de antecedentes penales. Fue detenido el 11 de noviembre al considerar la policía su documentación insuficiente. Es así como acabó en el CIE.

Baba asegura que, durante su presunta agresión, uno de los policías le puso una pierna en el cuello para inmovilizarlo mientras los demás le golpeaban. Cuando terminaron, le esposaron las manos a la espalda y uno de los agentes, el más violento, le arrastró de una pierna hasta que le hizo caer por unas escaleras, según la denuncia que presentó en el Juzgado de Instrucción número 6, uno de los tres que tienen asignado el control del CIE. Una vez encerrado en la celda de aislamiento pidió agua, pero la policía que lo vigilaba se rió de él. “Te vas a morir aquí”, le dijo, según la versión del africano.

Tras la supuesta paliza, el ghanés fue conducido al Hospital Clínico San Carlos, donde le atendieron en urgencias. Sin embargo, con su denuncia ante el juez no pudo aportar su parte de lesiones porque el servicio médico del CIE se negó a dárselo. Solo lo consiguió 16 días más tarde, después de que el magistrado ordenara que se lo entregaran inmediatamente. “Se reitera al director del servicio médico que tienen la obligación de facilitar la información médica de cada interno sin que sea necesario solicitar autorización del director del CIE”, señalaba el juez en su requerimiento.

Ese parte de lesiones explica que Baba presentaba un fuerte dolor en el hombro derecho posterior a una caída de las escaleras. “Refiere que lo empujaron”, añadía el informe. ¿El diagnóstico? “Omalgia derecha postraumática”, es decir, dolor de hombro producido por golpes. Baba salió con el brazo en cabestrillo y como tratamiento, le recomendaron que se diera frío y tomara antiinflamatorios y analgésicos.

Los policías niegan los malos tratos. Al contrario; han presentado denuncia contra Baba en la que afirman que fue él el agresor. Aseguran que tanto el senegalés que se dirigió al policía como el ghanés fueron los que increparon y agredieron a los agentes. Que Baba se abalanzó contra siete de ellos y les intentó agredir con el tirador de una de las puertas de incendios del CIE, lo que obligó a uno de ellos a acudir al hospital al día siguiente.

El juez encargado del caso, el del Juzgado de Instrucción 18, tomó declaración el 20 de diciembre a cinco testigos, dos de los cuales se retractaron de lo que habían denunciado al fiscal. Otros tres mantienen que hubo agresión. Ese mismo día, el magistrado citó como imputados a los tres policías. El juez también solicitó las grabaciones de las cámaras del CIE, pero su dirección aseguró que no había imágenes del 10 y el 11 de diciembre, las fechas del incidente.

Pese a ello, el pasado jueves, el juez dio marcha atrás y suspendió las declaraciones de los agentes. En un auto escueto, sin apenas argumentación, considera que las supuestas agresiones de Baba contra los policías pueden ser constitutivas de faltas (no delitos) de lesiones, daños y falta de consideración a agentes de autoridad. Nada dice del delito contra la integridad moral denunciado por el fiscal.

Mientras, los testigos que denunciaron los hechos, uno por uno, están siendo deportados. De los cinco citados en la denuncia del fiscal solo dos siguen en España. Baba, sin embargo, fue puesto en libertad a los 59 días de reclusión. El Gobierno no ha podido ejecutar su expulsión. De momento.

Centros de reclusión en entredicho
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1. Deficiente atención médica. El detonante fue la muerte de la congoleña Samba Martine, internada en el CIE de Madrid, el 19 de diciembre de 2011. Durante su estancia en esa instalación acudió hasta diez veces a los servicios médicos del centro quejándose de fuertes dolores, pero solo el día en que falleció fue trasladada al hospital. Y solo en una de esas visitas al médico fue auxiliada por un intérprete. La autopsia reveló después que tenía el virus del sida, algo que los facultativos desconocían. El servicio médico no le hizo la prueba. Apenas un mes después falleció un ciudadano guineano en el CIE de Barcelona. “Los graves fallos de los CIE impiden evitar estas muertes”, dijo el Defensor del Pueblo.

2. Instalaciones inapropiadas. Los tres juzgados encargados del control del CIE de Madrid han denunciado las deficiencias del centro y la falta de garantías de los internos. Han llegado a hablar de “palmario hacinamiento y escasez de espacio” y han calificado de “absolutamente inapropiadas” las habitaciones. “No resulta extraño que se puedan propagar enfermedades”, dicen.

3. Denuncia de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos de la organización consideró arbitraria la detención del ciudadano marroquí Adnam El Hadj y denunció las “vejaciones, malos tratos y torturas” a los que fue sometido, así como los “insultos de fuerte contenido racista” que, según ese organismo, recibió.

4. Quejas en Barcelona. Los dos jueces de control del CIE de Barcelona acaban de anunciar que exigirán mejoras en las instalaciones y en las rutinas de los policías que vigilan a los internos. Los magistrados visitaron el centro tras la muerte del armenio Alik Manukyan en su interior. La versión policial asegura que se suicidó, pero tres internos que dicen ser testigos han asegurado que fue agredido antes.