“Yo tuve mucha suerte cuando me expulsaron de España”. Rachid Ghanouchi, de 72 años, se ríe abiertamente cuando recuerda aquel episodio, en 1995, cuando la policía le echó el guante en Córdoba al término de la primera jornada de un congreso titulado “El islam frente a la modernidad”, organizado por la Universidad I slámica Internacional Averroes.

“Me trataron con mucha educación”, recuerda el líder de Ennahda, el gran partido islamista tunecino que ha gobernado el país durante más de dos años y que cuenta con la mayoría relativa en el Parlamento unicameral. “Los policías que me condujeron en coche al aeropuerto de Madrid me explicaron que se les había comunicado que yo disponía de dos pasaportes con nombres no coincidentes”, prosigue. “Era un pretexto”.

“Les contesté que solo tenía un pasaporte que era el de refugiado de Naciones Unidas”, afirma Ghanouchi, que entonces llevaba ya cuatro años exiliados en Londres. “Y les dije que tenía suerte porque siglos atrás habían sido expulsados de España cientos de miles de musulmanes de forma menos educada”, añade riéndose. “Supongo que eso de los dos pasaportes era una insidia de Ben Ali”, el dictador tunecino. Tres lustros después de aquel suceso, los ministros islamistas tunecinos fueron recibidos en España con todos los honores.

Ghanouchi habla inglés —vivió 20 años en Londres— y algo de francés porque estudió en La Sorbona de París. Pero para la conversación ha mandado venir a un intérprete de lujo, Ridha el Barouni, de 53 años, miembro del buró ejecutivo de Ennahda, que residió 23 años en Valencia antes de poder regresar a su país en 2011.

El Barouni era un joven militar de 28 años que, junto con otros compañeros de armas, huyó a Valencia en 1988 donde también se exilió entonces Hamadi Jebali, más tarde primer ministro islamista (2011-2013). Obtuvo en 1994 el estatuto de refugiado, pero el Centro Nacional de Inteligencia, el servicio secreto español, pidió en abril de 2005 que se le retirase porque suponía “un riesgo para la seguridad nacional” a causa de sus supuestos lazos con el terrorismo por los que nunca fue imputado. Era un año después de los atentados del 11-M y a los islamistas se les vigilaba de cerca.

La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio de España le suspendió el estatuto en junio de ese año y el Consejo de Ministros ratificó esa decisión, pese a la movilización de opositores tunecinos, muchos de ellos laicos, y a intelectuales europeos que le defendieron en una carta enviada al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno español, sin embargo, no llegó a expulsarle y le permitió quedarse como mero inmigrante.

Le colocó así en un limbo jurídico. “Las autoridades de Túnez no me daban pasaporte y, en consecuencia, no podía regularizar mi situación en España como inmigrante, no podía trabajar legalmente”, subraya El Barouni. Recurrió la decisión del Consejo de Ministros al Tribunal Supremo, pero este la confirmó en 2008. “Los socialistas hablan mucho de derechos, pero a la hora de la verdad…”, se queja el intérprete.

No solo los islamistas tunecinos padecieron las consecuencias de la cordial relación que los sucesivos gobiernos españoles mantuvieron con la dictadura de Ben Ali. En noviembre de 2010, un mes antes de que estallase la revolución, IFEX, una pequeña ONG canadiense, quiso organizar en Madrid una reunión de opositores tunecinos exiliados, pero también de dentro del país. A estos últimos, Asuntos Exteriores les denegó el visado.

Acaso para hacer olvidar todos esos malos tragos Zapatero ofreció a Túnez, durante una visita cuatro meses después de la abortada reunión de Madrid, una línea de crédito de 300 millones de dólares. Dijo entonces se ayudaría a “consolidar la democracia” que se empezaba a gestar tras la caída de la dictadura el 14 de enero de 2011.

El plan director de la cooperación española que el Gobierno del Partido Popular empezó a aplicar a principios del año pasado prevé, en cambio, suspender la ayuda a 27 países y entre los cinco primeros de esa lista figuraba aquel en el que arrancó la primavera árabe. La Agencia España de Cooperación Internacional ha cerrado prácticamente su delegación en Túnez.