Una persona inmigrante en España puede verse en la desagradable situación de no tener su documentación en regla, lo que le impide trabajar legalmente y residir en el país. Se convierte así en un sin papeles,lo que, además de las complicaciones lógicas para la vida diaria, es una infracción administrativa grave. Esas personas pueden ser detenidas por la policía, internadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y expulsadas.

Desde 2012, Interior prioriza el ingreso en los CIE de personas con antecedentes judiciales o policiales, según explicó el entonces secretario de Estado Ignacio Ulloa —que dejó el cargo en enero del año pasado— en una visita al CIE de Zona Franca. Y aseguró que cualquier arraigo que pudiese demostrar un inmigrante sin cuentas pendientes con la ley valdría para evitar su internamiento.

Pero datos desvelados este lunes por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, desmienten ese principio. Según explicó el ministro, el 44% de las personas que ingresaron en el CIE de Zona Franca no tenían antecedentes de ningún tipo; el 56% restante, sí. Eso significa que personas que no han cometido delito alguno se ven privados de libertad hasta 60 días —el tiempo máximo permitido de internamiento— con otras personas que sí acumulan antecedentes policiales y judiciales. Interior no ofreció una explicación de por qué los datos no avalan lo afirmado por Ulloa.

Además, lo hacen en unas condiciones muy mejorables, según los jueces encargados de la tutela del CIE de Barcelona. En un auto, hecho público la semana pasada, los magistrados exigieron a Interior diversas cuestiones a mejorar: que les remitan todos los partes médicos de los internos (algo que ahora no hacen), que eliminen las barreras físicas que hay en las visitas de familiares, que instalen un sistema adecuado de regulación del agua caliente, de forma que sea suficiente para todos los internos, o que no se ponga ninguna traba a las ONG que les visitan.

También exigieron que se les informe de cualquier incidente que requiera intervención policial como máximo cuatro horas después de su inicio. Fernández Díaz se comprometió este lunes a cumplir con lo que piden los jueces “en la medida de las posibilidades presupuestarias”.

En 2013, ingresaron en total 1.584 personas en el CIE de Zona Franca, aseguró el ministro en la presentación de cinco nuevos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía destinados en Cataluña. Eso supone un 18% menos que el año anterior. Pero de nuevo, las cifras demuestran que muchas de esas personas pasan dos meses en el CIE sin que se materialice el fin por el que fueron encerrados: la expulsión.

De las personas encerradas el año pasado, solo acabaron expulsados el 46% (744 internos). La mayoría de las personas restantes volvieron a la calle porque se agotó el tiempo máximo permitido de 60 días en el CIE. “La mayoría es porque el país de origen pone trabas para la expulsión”, explicó un portavoz de la Jefatura Superior de Cataluña. Precisamente, ese es el argumento que había utilizado Ulloa para optar por encerrar solo a personas con antecedentes o que tienen permutada su pena con la expulsión: que más de la mitad de los internos acaban de nuevo en libertad. Una vez en la calle, esa persona podrá acabar de nuevo en el CIE si se le abre otro expediente de expulsión.

Fernández defendió que “la transparencia es total y absoluta” en este tipo de centros. Y esgrimió que cada año reciben visitas de numerosas autoridades y de la defensora del pueblo, Soledad Becerril. El CIE, sin embargo, está en el centro de la polémica en los últimos meses.

El pasado 3 de diciembre, un hombre de origen armenio, de 42 años, se suicidó en su habitación, según la policía. Varios internos aseguraron que poco antes de que el hombre fuese hallado ahorcado, un grupo de agentes policiales le golpearon. En Nochevieja, cinco extranjeros denunciaron que habían sido golpeados por agentes antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. Ambas causas están siendo investigadas por dos jueces, después de que se presentase denuncia.

A raíz de los dos episodios, una comitiva de diputados de ERC, ICV-EUiA, la CUP y europarlamentarios Los Verdes se hicieron pasar por familiares para colarse en el centro, después de que la Delegación del Gobierno en Cataluña les denegase el acceso. “Es muy grave ver que esto sucede en Barcelona”, lamentó la europarlamentaria Ska Keller.

Esa visita coincidió con la de los dos jueces, el titular del juzgado de instrucción, Joaquín Aguirre, y del de Instrucción 17, Fernando Luis Criado. Los magistrados constataron deficiencias que recogieron en un auto dirigido a las autoridades del centro.

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha denunciado en diversas ocasiones la “opacidad” del centro y ha pedido poder entrar (el ministerio considera que el competente es el Defensor del Pueblo). También ha recordado que sigue pendiente un reglamento que unifique la forma de proceder de estos centros, algo en lo que, según Fernández Díaz, está trabajando el ministerio.