Redes de explotación
Cada mes una esclava sexual presenta una denuncia contra las mafias de la CAV
muchas víctimas no delatan a sus explotadores por desconfianza y miedo En los dos últimos años el Gobierno Vasco ha atendido a 20 mujeres
Diario de noticias de Gipuzkoa, , 21-01-2014izaskun landaida Directora de Emakunde chelo ordejón Asociación Gizarterako
donostia. La explotación sexual es uno de los negocios más rentables del mundo, de hecho, la trata de seres humanos ha desbancado al tráfico de armas. Narcotráfico y trata se han convertido en las empresas más lucrativas del planeta. Solo en el Estado español la prostitución mueve cinco millones de euros al día.
En la CAV, cada mes una mujer víctima de la esclavitud sexual presenta una denuncia contra las mafias que actúan en Euskadi. En este sentido, el Gobierno Vasco atendió en 2012 a trece mujeres víctimas de la prostitución forzada y durante el ejercicio 2013 el número de mujeres asistidas fue de siete. Es decir, una veintena de víctimas en los dos últimos años.
Según los datos de Eurostat recogidos en el primer informe sobre tráfico de seres humanos entre 2008 y 2010 publicado por la Comisión Europea, el Estado español es el segundo país con más casos detectados de explotación sexual de la UE, exclusivamente superado por Italia. Un negocio ilegal que convierte a las mujeres en esclavas en pleno siglo XXI porque les vulneran con crueldad los derechos más fundamentales que tienen como personas.
derechos humanos “La trata de seres humanos debe ser abordada desde un enfoque de derechos humanos, porque la trata de personas es un delito que lesiona derechos humanos fundamentales. Es una manifestación de la violencia contra las mujeres, ya que tiene características particulares y específicas por ser mujer”, explicó Izaskun Landaida, directora de Emakunde, en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana del Parlamento Vasco, donde detalló el pasado mes de noviembre el plan puesto en marcha por el organismo para acabar con la trata de mujeres.
Según los informes de Naciones Unidas, supone el tipo de explotación humana más utilizado y donde las víctimas son mayoritariamente mujeres de todas las edades y etnias, que se da en todo el mundo, tanto en los países de origen de la trata, como en los de tránsito y en los de destino.
Las víctimas son captadas por personas en quienes confían, con la idea de desempeñar trabajos de diverso tipo, e incluso, explícitamente la prostitución, pero desconocen las condiciones finales de violencia, explotación, privación de libertad y coacción.
Unas 40 asociaciones trabajan con víctimas de trata en todo el Estado, cuatro de ellas en Euskadi.
Sus prestaciones son confidenciales y gratuitas, e intentan ofrecer un servicio integral que comprende alojamiento, tratamiento psicológico, de inserción sociolaboral y asesoría jurídica. El proceso dura hasta año y medio.
Emakunde, como máximo órgano responsable de las políticas de Igualdad de la CAV, entiende que las víctimas de trata con fines de explotación sexual son víctimas de violencia contra las mujeres. Por ello, ha asumido el liderazgo de la coordinación de las actuaciones que en el ámbito de la trata de mujeres se desarrollan en Euskadi.
En esta línea, el Instituto Vasco de la Mujer apoya por medio de organizaciones especializadas con recursos que proporciona a las víctimas de trata y explotación sexual, una atención integral desde el momento en el que son identificadas como tales. De hecho, se acuerda con cada mujer un plan de trabajo o itinerario personalizado.
protocolos Las mujeres llegan a las asociaciones por vías distintas: las mediadoras, los servicios sociales, Policía, hospitales y, en casos excepcionales, por clientes de prostíbulos que detectan que son explotadas.
La identificación es muy difícil si la mujer niega los hechos. En 2011 fueron consideradas posibles víctimas de trata 14.730, aunque solo llegaron a identificar 1.082, según datos del Ministerio de Interior.
Conscientes de la complejidad del problema y de la dificultad para conocer su alcance real, Emakunde está en la actualidad procediendo a la revisión y actualización de los diferentes protocolos de actuación en el ámbito de Euskadi y de los materiales elaborados durante los últimos años. Además de la posibilidad de acceso a recursos de atención integral, existe a disposición de las víctimas de trata la atención telefónica ‘24 horas’ 900 840 111 con traducción simultánea a 51 idiomas.
Para dar respuesta a las necesidades que conlleva la coordinación de la atención de las distintas áreas implicadas, Emakunde está reuniéndose con agentes implicados en diferentes ámbitos, con el fin de diseñar un plan de abordaje integral de esta problemática. “Se impulsarán desde el instituto otras medidas de fomento dirigidas a las asociaciones que trabajen con las mujeres víctimas potenciales de la trata”, añadió Landaida.
Las ONG que están a diario con estas mujeres reconocen que incluso las víctimas identificadas suelen negarse a presentar una denuncia. Lo hagan o no, la ley ofrece a toda víctima un periodo de reflexión un mes renovable por un segundo para decidir si colabora con la Policía.
Como la inmensa mayoría son extranjeras, denunciando acceden a los beneficios que acuerda el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería para quienes colaboran con la justicia: permiso de residencia y trabajo. A pesar de todo, de 763 periodos de reflexión ofrecidos en 2011, solo aceptaron 98 mujeres. ¿Por qué? Por desconfianza y miedo; porque quienes lo hacen no cuentan con la debida protección por parte del Estado, como denuncian las asociaciones que las asisten. Se han dado pasos adelante, aseguran, aunque todavía resultan insuficientes.
calvario Aunque parecería lo más adecuado para las víctimas denunciar a sus explotadores, las ONG argumentan que, aunque suelen recomendarlo, no siempre es lo mejor. Consideran que, además del calvario de los interrogatorios, también entraña peligros, sobre todo para los familiares que quedan en el país natal amenazadas por las mafias locales.
Desde las organizaciones de apoyo a estas víctimas defienden que la colaboración no sea necesaria para recibir protección. “Si no se atreven a denunciar o se retiran del procedimiento, dejan de ser víctimas y son deportadas”. En su opinión deberían ser consideradas víctimas de violencia de género.
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