La Ciutat de la Justícia, en el límite de Barcelona y L’Hospitalet del Llobregat, impone. Es uno de los conjuntos arquitectónicos judiciales alzados en las capitales autonómicas en lo que llevamos de siglo. Todas estas ciudades son de una arquitectura ampulosa cuyo simbolismo no es sutil. La catalana es particularmente soberbia. Por las mañanas bulle de actividad y desasosiego a través de los largos y altos pasillos interiores de sus rectas calles y herméticos edificios. Por las tardes, vacía, sus calles se vuelven metafísicas y se despliegan solemnes. Como si lo judicial y la justicia se llevaran relativamente bien por la mañana y no se hablaran por la tarde. Algunas veces las cosas en estas calles son distintas. A veces llegan allí protestas de trabajadores.

Hace un mes, una de estas calles fue tomada por una escuadra de mujeres y hombres vestidos con camisetas azul celeste, que se dispusieron en filas ordenadas. Lucían un eslogan: “Sí, soy rentable”. Eran trabajadores de Telefónica que acompañaban a dos de sus dirigentes sindicales llamados a declarar por una acusación (penal, no laboral) de la empresa de “sabotaje”.

Han aparecido en los últimos tiempos nuevos sindicatos, cuyos nombres no recuerdan en nada a las viejas siglas. En este caso, se trata de En construcció, surgido durante el ERE que entre 2011 y 2012 se deshizo de más de 6.500 trabajadores con el acuerdo de los grandes sindicatos. Pero la cosa no quedó así, ahora las cosas siempre tienen más cola. Tras el acuerdo han seguido despidos por estar enfermo, por ejemplo. O acusaciones de sabotaje por haber difundido en un blog una iniciativa de trabajadores durante la negociación de los despidos. Miquel Queralt y Francesc Montoliu declararon en la Ciutat de la Justícia por eso, y están a la espera de resolución. Mientras, los directivos de Telefónica cada vez cobran más y la empresa suma beneficios. Obvio. Demasiado.

Justo al empezar el año otro caso similar se dio en Valencia, pero allí la acusación venía de la policía. Decenas de personas se concentraron en la correspondiente Ciutat de la Justícia para dar su apoyo a Vicent Maurí, destacado dirigente de la Intersindical Valenciana, acusado de desorden público por haber “ofendido a la policía” a finales de julio pasado, en una de las manifestaciones de la “primavera valenciana” contra los recortes sociales y laborales. Maurí fue absuelto por falta de pruebas. Por suerte para él y para todos, la ley Fernández todavía no está en vigor, que ya veremos qué pasa si se aprueba. De momento, acusaciones como esta preparan el terreno contra el sindicalismo peleón.

Volvamos a Barcelona. No lejos de la Ciutat de la Justícia, está el CIE. Los responsables de este centro de internamiento de extranjeros sin papeles, a diferencia de los sindicalistas, claro, obvio también, están protegidos y de momento la Ciutat no les ha llamado a declarar. En dos años, desde enero de 2012, han muerto cuatro internos del CIE: Ibrahim Sissé, 21 años, a pesar de haber solicitado asistencia médica; Mohamed Abagui, 22 años, al cabo de unos días de entrar; Idrissa Diallo, 21 años, por negligencia médica, y el pasado 3 de diciembre moría Alik Manukian, 42 años, dice la policía que de suicidio. ¿Por qué no se investigan estas muertes?

En Nochevieja, los antidisturbios de la Policía Nacional atacaron a los internos, causando una veintena de heridos, algunos graves, que no fueron atendidos debidamente. Así lo ha difundido la campaña Tanquem els CIE (hay nueve en España), que la semana pasada logró una concentración ante el centro y dar así una cierta visibilidad a este mundo de opacidad extrema. Por las redes se habla de huelga de hambre de internos y de vuelos de deportación de madrugada.

No son prisiones pero lo parecen, se dice que el de la Zona Franca es peor que la Modelo

Los CIE están sin reglamento desde su creación a partir de la ley de extranjería de 1985. No son prisiones pero lo parecen, se dice que el de la Zona Franca es peor que la Modelo. Diputados catalanes lograron entrar la semana pasada haciéndose pasar por familiares de los internos, en una acción sorpresa. No lo pudo hacer la diputada Ska Keller, de los Verdes alemanes, que sí ha entrado en el de Madrid y otros centros europeos. Y entraron aquel mismo día dos jueces de instrucción, atendiendo a las denuncias de SOS Racisme y otras organizaciones. A ver qué dicen los dos jueces. No hay manera de que pueda inspeccionarlo el Síndic de Greuges, por más veces que lo ha pedido. Periódicamente, el Congreso y el Senado organizan visitas institucionales, pero no trascienden ni han aportado hasta ahora ninguna claridad, ni un triste informe.

Los guetos se renuevan y expanden y la Ciutat de la Justícia mira hacia otra parte. No se ha visto en ella que los trabajadores en colectivo lleven a juicio a sus empresas por sabotaje a los derechos laborales. Ni que se juzguen allí las condiciones de vida de los emigrantes encerrados en un centro de internamiento que recuerda demasiado a los campos que, hace 75 años, confinaron a nuestros exiliados.