El Ministerio del Interior deberá hacer cambios en el centro de internamiento de extranjeros de Barcelona a la luz del auto judicial dictado por dos jueces de la ciudad encargados del control de esa institución, responsable de albergar ciudadanos foráneos pendientes de ser expulsados a sus respectivos países. Entre las órdenes que dan los titulares de los juzgados 1 y 17 de Barcelona, están las de eliminar las barreras físicas en las salas de visitas y ampliar sus horarios, permitir de una manera más genérica y ampliar las visitas de responsables de las ONG, la instalación de un adecuado sistema de duchas que permita regular la temperatura y la instalación de tazas de water en las celdas.
Fuentes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya explicaron que la parte dispositiva del auto judicial es de obligado cumplimiento. Sin embargo, los jueces que lo han firmado son conscientes de que algunas de sus órdenes podrán ser acatadas de forma casi inmediata y otras, como aquellas que requieran obras mayores en el centro, contarán con un plazo de aplicación mucho mayor. La Jefatura Superior de Policía de Catalunya, responsable de este centro dependiente del Ministerio del Interior, anunció ayer que se llevará a cabo “todo aquello que sea posible”. Sin embargo, las mismas fuentes explicaron que el Cuerpo Nacional de Policía no había recibido anoche de forma oficial el auto.
La resolución de estos dos jueces se produce después de que visitaran el CIE tras unos altercados internos vividos en esa instalación la noche de fin de año. Según los jueces, tras haber escuchado el testimonio de policías de servicio aquellos días y de internos, el detonante de los incidentes fue un problema en las duchas. Algunos agentes obligaron a unos internos –por razones que no se especifican– a abandonar las duchas aunque estuvieran aún enjabonados. Los jueces señalan que es muy difícil regular la temperatura del agua, porque la caldera no da más de sí, y que, llegado un punto y de forma paulatina, sale tibia y finalmente fría. Por esas circunstancias y por el hecho de que los litros de la caldera resultan, según el auto, insuficientes para la población del centro, los jueces ordenan que se arregle este desajuste.
Esa visita sirvió también para revisar otros aspectos que ya habían formado parte de algunas reclamaciones anteriores. Así fue como los magistrados acordaron, por ejemplo, ampliar los horarios de las visitas o que estas se lleven a cabo en habitáculos sin barreras físicas pues no se puede “privar a los internos del último contacto físico aunque sólo sea una caricia o un abrazo”. Este punto ha despertado especial inquietud en el ámbito policial, que teme que se produzca entrada de drogas en esas dependencias.
Para el acceso de visitantes procedentes de ONG ya no será necesaria la existencia de una lista cerrada de personas autorizadas a tal efecto, sino que una acreditación extendida por la organización será suficiente para que el equipo de vigilancia del centro autorice el acceso.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, visitó ayer el CIE de la Zona Franca, acompañada del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y la delegada del Gobierno en Catalunya, María de los Llanos de Luna.

El incierto futuro de Aziz en Girona
La policía detuvo ayer a Aziz Tarzout, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que lleva nueve años en Girona, para expulsarlo de España de forma inmediata. Tiene una orden de expulsión contra la que presentó un recurso que debía resolverse el 21 de enero. Su abogado Benet Salellas ha presentado un hábeas corpus al considerar ilegal la detención.