JAVIER OMS / Barcelona
Jaque judicial a las condiciones en
las que los inmigrantes esperan en
Barcelona a ser expulsados de España.
Una visita al Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE) de Zona
Franca de los dos jueces que se
encargan de controlarlo, sumada a
las últimas denuncias por presuntos
maltratos policiales, han servido para
que los magistrados dicten un auto
en el que arremeten con una contundencia
inédita contra la controvertida
instalación y ordenan
mejoras para garantizar «la dignidad
humana» de los internos.
En su escrito, los titulares de los
juzgados de instrucción 1 y 17 de
Barcelona también denuncian que el
actual funcionamiento del CIE cercena
«muy gravemente» los derechos
de personas que, tal y como dice
el auto, no han cometido delito alguno,
sino que simplemente están a
la espera de ser deportados.
Las recomendaciones de ambos
magistrados incluyen órdenes para
modificar aspectos en todos los
ámbitos de funcionamiento del
CIE. Así, exigen que, al contrario
de lo que sucede en la actualidad,
se les informe de cualquier «incidente
de relevancia» antes de que
transcurran cuatro horas para que
ellos mismos valoren si éstos se
deben «a las malas condiciones»
del centro. Una orden que incluye
informar sobre la entrada en el recinto
de las Unidades de Intervención
Policial (UIP) –antidisturbios–
de la Policía Nacional, tal y como
sucedió durante el 31 de diciembre
y el 1 de enero. Dicha actuación,
de hecho, fue la que espoleó tanto
la última denuncia por maltratos
presentada por la plataforma Cerremos
los CIE como la visita de
los magistrados. Los togados dan
credibilidad a la denuncia de varios
internos de que los últimos
disturbios comenzaron cuando
fueron expulsados de las duchas,
todavía enjabonados. Dicho caso
se encuentra en manos del Juzgado
de Instrucción número 9 de
Barcelona, cuya titular vetó la deportación
de los inmigrantes que
denunciaron agresiones de policías.
A raíz de su inspección, los magistrados
exigen a la dirección del CIE,
controlado por la Policía, que acometa
mejoras muy específicas. Desde
la eliminación de las mamparas y
rejas a través de las cuales se comunican
los internos con familiares y
ONG –«limitan gravemente el derecho
a la intimidad, a la dignidad personal
y a recibir un trato humanitario
y no degradante», dicen– a garantizar
que las duchas «permitan la
regulación de la temperatura del
agua» o incorporar un inodoro en
cada dormitorio. Esta última deficiencia
«atenta contra la dignidad
humana» al obligar al interno a contar
con la presencia de un policía para
satisfacer «una necesidad corporal
». Los jueces Joaquín Aguirre y
Fernando Luis Criado también exigen
la ampliación de los horarios de
visitas a los internos, cuya aplicación
considera que incumplía la anterior
dirección del CIE, la cual ha sido
sustituida recientemente.
El auto revelado ayer, en todo caso,
es la culminación de una campaña
de presión en la que, además de
las ONG, también se han implicado
el Síndic de Greuges y representantes
de partidos como ERC, ICV o la
CUP. Una movilización ante la que
la Dirección General de la Policía no
ha reaccionado. Hasta ahora.
Sólo la visita al CIE ayer mismo
de la defensora del pueblo, Soledad
Becerril, acompañada del director
general de la Policía, Ignacio Cosidó,
llevó a anunciar alguna novedad.
Según informó el cuerpo, los CIE de
toda España contarán con un sistema
de prevención de suicidios «desde
el momento de la detención hasta
la salida del centro». Cabe recordar
que a inicios de diciembre fue
hallado muerto en su celda de la Zona
Franca un interno armenio cuyo
fallecimiento la Policía atribuyó a un
suicido. La situación del CIE barcelonés,
en todo caso, no llegará al
Congreso de los Diputados, después
de que el PP denegara la comparecencia
del ministro de Interior, Jorge
Fernández