En un balcón con vistas a la plaza de Lavapiés el aire retuerce una sábana de color blanco sanitario con letras rotuladas recientemente en negro: «Los vecinos denunciamos los actos delictivos». A escasos pasos, la cámara de videovigilancia instalada por la comunidad de propietarios de una finca recibe a los que traspasan el alféizar de su portal. Una mujer camina a paso ligero apretando con fuerza el bolso contra el cuerpo. Huele a desconfianza. La inseguridad vuelve a instalarse en este barrio multicultural de 40.000 habitantes.

«Hay bandas organizadas de delincuentes que han okupado pisos vacíos de bancos dentro de nuestros edificios, donde se vende todo tipo de drogas. Ha habido inundaciones por las plantaciones de marihuana. Y cortes de luz. Da miedo hasta pasar por delante… Un horror».

Quien habla es la portavoz de una plataforma vecinal que pide permanecer en el anonimato por cuestiones de seguridad. Representa a medio centenar de personas de una decena de inmuebles del barrio en los que, desde mayo del año pasado, se han producido incidentes. A ellas se ha sumado ya una asociación de comerciantes de la zona.

Mediodía en Lavapiés. Una oficina móvil de atención al ciudadano de la Policía Municipal está aparcada en medio de la plaza principal del barrio, con dos agentes en el interior. A apenas 20 metros, un grupo deslavazado de una docena de personas merodea por la zona seleccionando de forma meticulosa a los viandantes a los que se acercan para ofrecerles, con no mucha discreción, algo.

Quien escribe estas líneas, presuntamente con poca pinta de consumir sustancias estupefacientes, pasa por su lado como si fuera transparente. En cambio, ante su acompañante, con bufanda hippie de rayas rojas y negras anudada al cuello, despliegan todo el catálogo. «Chico, hierba, crack, lo que quieras…».

«No al nivel de antes, pero sí que han subido un poco los índices de delincuencia», afirma Manuel Osuna, presidente de la asociación vecinal La Corrala, que señala que ha habido un repunte en el menudeo de droga y en los robos de bolsos de los usuarios de las terrazas.

Pablo García-Rojo, concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista, va a plantear en la próxima Comisión de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid la cuestión de la sensación de inseguridad que se ha extendido por Lavapiés. «Cuando se pusieron las cámaras de vigilancia [en 2009] se hizo una operación policial muy mediática, pero ahora se ha aflojado el control», asegura el edil. (Los que trapichean en la plaza lo hacen estratégicamente colocados en un ángulo muerto del dispositivo que graba 24 horas al día imágenes del espacio público).

Las estadísticas de la Delegación del Gobierno, sin embargo, no reflejan estas circunstancias. Según sus datos, la tasa de criminalidad en el barrio ha bajado un 2,3% en los últimos dos años y en 2013 se presentaron 900 denuncias de delitos menos que en el año previo. «Puede haber algún repunte puntual, pero los dispositivos policiales están funcionando eficazmente en términos generales», aseguran.

En el Ayuntamiento de Madrid aseguran que son conscientes de la problemática que sufren los vecinos de los pisos okupados donde se trafica con drogas y que se han mantenido reuniones con ellos y con la Policía Municipal, «que trabaja de manera coordinada con el Cuerpo Nacional de la Policía». «Poco más se puede hacer», señalan en el Área de Seguridad y Emergencias.

El Plan Integral de Mejora de la Seguridad y la Convivencia del Barrio de Lavapiés, vigente hasta 2015, se firmó en 2012 a tres bandas entre la Delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Consistorio de la capital. En él, entre otras medidas, se comprometían a «incrementar la vigilancia a pie y motorizada, tanto de agentes uniformados como de paisano», y a «potenciar la participación ciudadana».

En materia de seguridad, la Administración local asegura que ha cumplido su parte del compromiso. Pero para el Grupo Municipal Socialista no es suficiente. «Es necesaria una presencia policial continuada de proximidad con el vecino y el comerciante que garantice la prevención del delito y la convivencia pacífica», reclama García Rojo.

Aparte, el concejal asegura que «no se entiende» por qué no intervienen «las modernísimas y costosísimas UCES [los antidisturbios de la Policía Municipal» ni la «Subinspección Central de Policía Judicial», que trabaja en coordinación con los Juzgados de Instrucción de la región.

Para la plataforma vecinal creada recientemente, la única solución pasa por que se aúnen esfuerzos de todos los implicados: los de los propios afectados, los partidos políticos, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la Justicia. «O nos juntamos todos o esto no se resuelve nunca», apunta su portavoz.

«La garantía de la convivencia y de la seguridad ciudadana en Lavapiés es el mejor aval de su realidad multicultural y de vanguardia cultural, sus grandes aportaciones a la ciudad. Sería erróneo, injusto y racista señalar con el dedo, criminalizar, grupos o etnias que conviven en esa gran mezcolanza multicultural», advierte Pablo García-Rojo.

En su opinión, «la seguridad ha de ser garantía de la libertad para todas y todos los vecinos» de este barrio del Centro. Y apostilla: «El Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Autónoma y la propia Delegación del Gobierno deben trabajar en colaboración y mejorar sus resultados ante el hecho de que el Plan Integral de Mejora de la Seguridad y la Convivencia del Barrio de Lavapiés es a día de hoy para muchos vecinos, colectivos y asociaciones papel mojado ante la pasividad de estas administraciones».

«Al hecho de la multiculturalidad se une el papel de economía cultural y creativa que emerge en Lavapiés como activo de generación de empleo y riqueza artística. Sus teatros, salas alternativas, librerías y sus experiencias en coworking (trabajo social cooperativo) sitúan a Lavapiés en la vanguardia de la nueva economía y de la creación cultural. Siendo esto así resulta aún más escandalosa la pasividad de las administraciones públicas madrileñas, y muy en concreto del Ayuntamiento de Madrid», concluye el edil socialista.