Miles de migrantes se encuentran “atrapados en un limbo” en suelo europeo porque las autoridades no pueden expulsarles a sus países de origen las razones van desde la falta documentación hasta la ausencia de convenios bilaterales, pero tampoco les permiten regularizar su situación: llegaron de forma clandestina, pasaron por centros de internamiento, fueron puestos en libertad y ahora viven sin derechos y “bajo el radar” de la policía, que “les detiene reiteradamente” por carecer de papeles.

Así lo recoge un informe del Consejo Europeo de Exiliados y Refugiados (ECRE), una red de ONG que, con fondos de la UE, ha puesto en marcha la campaña Punto de no retorno para dar a conocer la situación de estas personas que, en la mayoría de los casos, no podrían regresar a su país aunque quisieran “por razones que escapan a su control”.

Son diversos los motivos por los que se convierte en inexpulsable a una persona. El más frecuente es de índole administrativa: el individuo carece de documentación oficial que acredite su lugar de nacimiento o la Administración no la considera válida. Si la embajada del supuesto país de origen no reacciona en plazo, no reconoce como compatriota al afectado o impide la expedición de documentos, éste es puesto en libertad pero queda sin papeles. También pueden caer en esta situación los solicitantes de asilo cuya petición ha sido denegada.

Aunque algunos países europeos cuentan con mecanismos para conceder a las personas en esta situación un permiso de residencia o de estancia tolerada con un mínimo acceso a sus derechos fundamentales en España puede ser la residencia por circunstancias excepcionales, con la que contaban 50.803 personas a 30 de junio de 2013, para la ECRE “no proporcionan una ruta suficiente para la regularización”, ya que son muchos los que nunca llegan a conseguirla.

“Los migrantes inexpulsables permanecen durante años en situación irregular, sin perspectiva de una situación regular de residencia. Como consecuencia de ello, se les excluye de los derechos a la salud, la vivienda, la educación y el trabajo; experimentan la indigencia, un deterioro de su situación física y mental y una criminalización. Simplemente, están atrapados, sin nada que puedan hacer para tomar el control de sus vidas”, explica el informe.
Atrapados en Europa

En esta situación se encuentra Michel, un burundés que carece de documentos de identidad y vive en Francia desde 2002. Su embajada, que no le reconoce como ciudadano, dice que debe ir a Burundi para obtener un pasaporte, pero no puede desplazarse hasta allí sin tener ese documento de viaje. Las autoridades francesas no pueden expedirle un salvoconducto porque Michel ha estado retenido cuatro veces en tres centros de internamiento de extranjeros. No podrá acceder a un permiso de residencia.

El informe recoge 38 casos como el suyo, de personas atrapadas en ese “limbo” en que se han convertido Reino Unido, Hungría, Francia y Bélgica para los migrantes inexpulsables como Marie, congoleña madre de un niño belga que lleva 13 años en el país y sigue en situación irregular, o Mohammed, un iraní “atrapado” en Francia que ha intentado más de una treintena de veces llegar a Reino Unido para pedir asilo. No puede volver atrás pero tampoco puede avanzar.

En cuanto a las retenciones en centros de internamiento, una experiencia por la que los 39 que cita ECRE han pasado más o menos veces y por más o menos tiempo, la red recuerda que los inmigrantes sólo pueden estar privados de libertad mientras exista “una perspectiva razonable” de expulsión, tal y como recoge la Directiva Europea de Retorno, conocida en España como directiva de la vergüenza.

Según el Tribunal de Justicia de la UE, esto significa que se retendrá a una persona mientras “exista realmente la posibilidad de que la expulsión se puede llevar a cabo con éxito teniendo en cuenta los plazos establecidos” en la misma directiva, que impone un máximo de retención de 18 meses aunque los distintos países pueden establecer limites más cortos.
España expulsa a la mitad de los internos de los CIE

En España, donde el máximo de retención son 60 días, en torno a la mitad de los inmigrantes que pasan por alguno de los nueve Centros de Internamiento (CIE) que operan en todo el país no llegan a ser expulsados. Según la memoria anual del Fiscal Coordinador de Sala de Extranjería, en 2012 fueron privadas de libertad en estas instalaciones 11.325 personas, de las que 5.924 resultaron finalmente deportadas.

Aunque el informe no dedica un capítulo específico a España, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entidad parte de ECRE, confirman que es la misma situación. La secretaria general, Estrella Galán, explica que el perfil es principalmente de personas de origen subsahariano que no pueden ser expulsadas por falta de convenios bilaterales y que, en muchos casos, pudieron haber pedido asilo, pero desconocían esa posibilidad y se quedaron sin plazo.

Muchos son acogidos en dispositivos gestionados por ONG como CEAR, para evitar que acaben sin hogar, “con la desestructuración personal que eso supone”. La mayor parte son reconducidos por las entidades hacia la solicitud de regularización por arraigo se conceden por llevar determinado tiempo residiendo en España y contar con un contrato laboral, porque por razones humanitarias “no entran estos perfiles”.

“Consideramos que dado que son inexpulsables, hay que buscar alternativas, ya sea por la vía humanitaria o bajo otras condiciones, pero lo que no puede ser es que España mire hacia otro lado y mantenga situaciones que se pueden agravar enormemente y más según está la situación: cada vez es más difícil empadronarse e imposible acceder a la sanidad. Son miles y están abocados a situaciones extremadamente graves”, ha sentenciado.