La Comisión Europea avaló ayer las medidas tomadas por países como Alemania, Dinamarca o Bélgica para evitar abusos en sus sistemas de protección social por parte de ciudadanos europeos que disfrutan de su derecho a circular libremente dentro de la UE.

NICOLAS MAETERLINCK / AFP “No naciones, stop deportaciones”, dice el cartel en una marcha de refugiados afganos en Gante

“Es necesario tener salvaguardas claras en la legislación de la UE para evitar que la gente abuse de los sistemas de bienestar social de otros países”, señaló el responsable de Empleo, László Andor, tratando de aplacar las preocupaciones existentes en los países del norte sobre el impacto de la libre circulación de personas en el contexto actual de crisis.

“Las autoridades de distintos estados miembros son cada vez más conscientes de que ese derecho no es incondicional ni ilimitado”, afirmó Andor, reclamando que la respuesta legal a esas situaciones –que “no son tantas”– sea proporcional a los problemas detectados y que no sea discriminatoria por razón de nacionalidad, como planea hacer Londres para desincentivar la llegada de ciudadanos de Rumanía y Bulgaria.

Bruselas, sometida a una creciente presión por parte de los países ricos, evitó censurar legal o moralmente la amplitud de las expulsiones de ciudadanos intracomunitarios aprobadas por ejemplo en Bélgica.

El año pasado este país retiró el permiso de residencia (y el derecho a recibir prestaciones sociales) a un total de 2.712 ciudadanos europeos que habían dejado de cumplir algunas de las tres condiciones previstas para seguir dentro del sistema: contar con un contrato laboral, tener actividad como autónomo, ser familiar de alguien que pueda dar sustento financiero o ser estudiante. En total, el año pasado Bélgica retiró el permiso de residencia a 816 rumanos, 393 búlgaros y 323 españoles, 305 holandeses, 265 italianos y 176 franceses.

La Comisión Europea presentó ayer una guía práctica para ayudar a las autoridades nacionales a determinar cuál es el país de residencia habitual de un ciudadano comunitario, concepto que determina quién es responsable del pago de prestaciones sociales. El mensaje de Bruselas fue claro: la legislación contiene mecanismos suficientes para evitar abusos y cabe ponerlos en marcha para determinar qué país es responsable de cada ciudadano. Estas situaciones podrían darse más a menudo en el futuro. “En las circunstancias de la crisis actual, con enormes diferencias entre los niveles de paro en distintos países de la Unión Europea, hay más gente buscando trabajo en el extranjero, especialmente procedente de España o Italia”, resaltó Andor en rueda de prensa.

Bruselas sigue considerando que este movimiento de personas es beneficioso para los países receptores. “Los trabajadores móviles de otros estados miembros pagan más en impuestos y seguridad social a los presupuestos de los países de acogida de lo que reciben en beneficios sociales”. Los trabajadores del Este “tienden a complementar a los locales y a no desempeñar el empleo de los trabajadores del país de acogida”, aseguró, resaltando que no se ha detectado ninguna llegada masiva de búlgaros y rumanos hacia otros países europeos desde que el pasado uno de enero se levantaron las últimas trabas a su derecho a buscar un empleo en la UE.

Divisiones en Londres

El empeño de David Cameron por frenar la llegada de inmigrantes intracomunitarios a Reino Unido ha provocado algunas grietas dentro del Gobierno. Este debate “es típico escapismo de derechas, del nacionalismo”, declaró ayer el ministro sin cartera Kenneth Clarke, alabando la “contribución positiva” de los extranjeros al país, al que han hecho “más excitante y sano”. El portavoz del primer ministro reiteró ayer la afirmación de que el número de inmigrantes europeos en el país “es demasiado alto”. Sus planes de limitar la libre circulación de rumanos y búlgaros le han enfrentando con Bruselas. Actualmente, sólo 80.000 rumanos y 26 búlgaros viven en Reino Unido, frente al millón de ciudadanos de ambos países establecidos en España.