La reforma migratoria que permite a los cubanos viajar al extranjero, previa autorización gubernamental, cumple su primer año este martes 14 de enero. El Gobierno de La Habana calcula que, desde que entró en vigor la medida, más de 180.000 de sus ciudadanos han viajado fuera de la isla, algunos de ellos en más de una ocasión y la mayoría, hacia Estados Unidos, México y España. Según cifras oficiales, unos 3.500 cubanos de la diáspora han regresado para quedarse, aunque se mantienen las restricciones para que el sector más beligerante del exilio pueda volver a su país natal, al menos de visita. Al menos de acuerdo a las cifras oficiales, el temor del Gobierno cubano a una masiva fuga de cerebros no se ha materializado hasta ahora.

La política migratoria de 2013 forma parte de un conjunto mayor de reformas –algunas estructurales, otras meramente administrativas— que ha puesto en marcha el Gobierno de Raúl Castro desde 2006, con miras a actualizar el modelo socialista para hacerlo más efectivo frente a los problemas sociales y económicos que confronta el país. Pero como otros cambios promovidos en el último par de años, este también incluye algunas limitaciones de forma y de hecho: los cuadros más valorados por el Gobierno requieren aún de “carta blanca” para poder salir y el disfrute de la posibilidad de viajar se limita a los ciudadanos que cuentan con mayores recursos económicos. Aquellos que no logran completar el monto en divisas necesario para costear visas y boletos, siguen tomando el riesgo de desertar en embarcaciones precarias hacia las costas de Estados Unidos o hacia otros países del Caribe.

Según informó en diciembre pasado el segundo jefe de la dirección cubana de Inmigración y Extranjería, Lamberto Fraga, entre el 14 de enero y el 30 de noviembre de 2013 se registraron 257.518 viajes de ciudadanos cubanos al extranjero, 35% más que el año anterior. “Estos viajes se han realizado por 184,787 personas. Esto quiere decir que en este período algunas personas han repetido el viaje y han salido más de una vez”, dijo Fraga en aquel momento.

Entre los que lograron tomar un vuelo fuera de Cuba se cuentan decenas disidentes como Berta Soler, líder de las Damas de Blanco; Guillermo Fariñas, vocero de la Unión Patriótica de Cuba; Jorge Luis García Pérez, Antúnez, activista por los derechos humanos; y los blogueros Eliécer Ávila y Yoani Sánchez; a quienes hasta entonces les habían sido negados, en forma sistemática, los permisos para salir de Cuba. Pero su aterrizaje de regreso ha sido forzoso: tanto ellos como las organizaciones que representan han sido víctimas de al menos un episodio de represión o amedrentamiento –de detenciones breves o allanamientos arbitrarios, de “actos de repudio”, de palizas. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacionalización documentó un promedio de 931 detenciones políticas ilegales en el último trimestre del año pasado; y solo en el día de reyes de 2014, ocurrieron otros 30 arrestos. Por acciones como ésta, los familiares de algunos disidentes que temen por su seguridad, como la esposa y los hijos del fallecido Oswaldo Payá fundador del Movimiento Cristiano de Liberación y promotor del Proyecto Varela, han optado por salir de Cuba y exiliarse hasta nuevo aviso.

Aunque el Gobierno de Raúl Castro no ha ahondado en detalles al respecto, el perfil promedio de los viajeros cubanos de este último año es el de jóvenes profesionales de entre 25 y 40 años, que tantean en el extranjero nuevas posibilidades de trabajo sin renunciar a los modestos beneficios que reciben en su país. La reforma migratoria de 2013 también contempla la extensión, de 11 meses a dos años, del tiempo máximo de permanencia de los cubanos extranjero, sin perder la residencia y el derecho a subsidios y servicios gratuitos de educación y salud. En consecuencia, buena parte de los cubanos que han llegado durante el último año a Estados Unidos lo han hecho con la expectativa de quedarse un año y un día para solicitar luego la residencia estadounidense, tal y como lo permite la Ley de Ajuste de Cubano, sin que cambie su estatus legal en la isla.

El primer aniversario de la reforma se cumple cinco días después de que se llevara a cabo en La Habana una nueva ronda del diálogo migratorio entre Cuba y Estados Unidos, que busca asegurar una emigración segura, legal y ordenada entre las dos naciones, enemistadas desde hace medio siglo. “Discutir sobre el tema migratorio entre nuestros dos países nunca ha sido simple, pero el tema es vital y requiere de nuestra constante atención”, ha dicho Alex Lee, jefe de la delegación estadounidense y secretario asistente adjunto del Departamento de Estado, el pasado 10 de enero. La liberación del contratista estadounidense Alan Gross, condenado a 15 años de prisión en Cuba, sigue siendo un punto de honor para Washington en el desarrollo de futuros acuerdos, mientras que La Habana también ha insistido en la entrega de los cuatro agentes cubanos que aún cumplen sentencias por espionaje en Estados Unidos.

La reforma cubana, que abrió las puertas al regreso de bueno parte de los exiliados que salieron ilegalmente del país, también ha tenido efecto directo sobre los negocios del Estado de Florida. Desde enero de 2013, los teléfonos de la agencia Marianao Travel, en Miami, no paran de sonar para pedir presupuestos e información de visados. “Todos esos balseros que salieron después de 1994 han estado viajando hacia Cuba, al igual que todos los médicos que desertaron y que estaban castigados”, dice Maite, una de las vendedoras de la agencia, antes de excusarse para atender a un nuevo cliente. Desde que el Gobierno de Barack Obama levantó las restricciones a los viajes de familiares y envíos de remesas a Cuba, en 2009, 15 aeropuertos de todo el país han sido autorizados para operar vuelos chárter desde y hacia Cuba. Pero fue en el último año cuando estas rutas se convirtieron en un negocio rentable, especialmente desde los terminales de Florida –en Miami, Tampa, Fort Lauderdale y Key West–, de donde parten vuelos directos hacia La Habana, Villa Clara, Holguín, Cienfuegos y Santiago de Cuba.