Tras la polvareda levantada por la expulsión de ciudadanos comunitarios en países como Alemania, Bélgica o Luxemburgo, la Comisión Europea (CE) ha desmontado algunos mitos sobre este tipo de inmigración y ha presentado una guía para la correcta interpretación de la directiva europea de libre movilidad. El documento, elaborado en colaboración con los Estados miembros, diferencia entre “residente habitual” y “residente temporal” y clarifica las condiciones necesarias para que un inmigrante intracomunitario pueda ser enmarcado en la primera categoría, requisito imprescindible para poder acceder a la seguridad social en el territorio de acogida.

Entre los elementos que los Estados miembros de la Unión Europea deben tener en cuenta a la hora de asignar la etiqueta de “residente habitual” a un comunitario destacan los relativos a su situación familiar, el tiempo de residencia en el país, su situación laboral, el ejercicio de una actividad no remunerada, las razones del traslado y el lugar en el que paga sus impuestos. En el caso de los estudiantes, las autoridades también deben tener en consideración la naturaleza de sus ingresos.

Asimismo, la guía proporciona ejemplos concretos para solventar aquellos casos en los que es difícil determinar el lugar de residencia habitual y pone como ejemplo a un ciudadano británico jubilado que vive en Portugal y pasa la mayor parte de su tiempo en el país luso. En este caso, detalla la Comisión, su país de residencia habitual será Portugal, independientemente de los lazos patrimoniales que mantenga con Reino Unido.

El comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, el húngaro László Andor, ha defendido la libre movilidad de personas entre países, que ha calificado de “piedra angular” de la construcción europea, como uno de los aspectos “más queridos” de la UE y ha señalado que los inmigrantes comunitarios suelen ser contribuyentes netos a los sistemas de seguridad social de su país de residencia. “Generalmente pagan más impuestos que prestaciones sociales reciben”, ha dejado caer en un momento de la rueda de prensa. Sin embargo, pese al tono favorable a la movilidad laboral entre Estados miembros, Andor ha destacado las salvaguardas existentes en las leyes comunitarias para “evitar” los casos de abuso sobre el sistema de asistencia social de algunos países. “La legislación europea debe respetarse”, ha sentenciado.

La guía ve la luz en un momento especialmente delicado en materia de libre movilidad entre países de la UE. La eliminación de las restricciones de entrada en Reino Unido de ciudadanos búlgaros y rumanos, que entró en vigor el pasado día 1, ha traído al primer plano informativo las protestas de importantes sectores del país británico que temen una llegada masiva de nacionales de estos países. La CE, por boca de Andor, ha querido dejar clara su posición al respecto: “no hay pruebas de una mayor afluencia de rumanos y búlgaros a Reino

Unido”. En este sentido, el titular de Empleo y Asuntos Sociales ha manifestado su confianza en que los “hechos” sirvan para “aliviar” las preocupaciones suscitadas en algunos países de la Unión.

En los últimos meses, y en paralelo con el auge de los populismos en varios Estados miembros, algunos socios europeos como Bélgica han acelerado las expulsiones de ciudadanos comunitarios, a los que consideran “un lastre” para su sistema de cobertura social. En concreto, la Oficina de Extranjería del Gobierno belga informó el pasado viernes de la retirada del permiso de residencia a 4.812 comunitarios en todo 2013, frente a los 1.918 contabilizados un año antes. La comunidad española fue la quinta que más sufrió este procedimiento — con 291 expulsiones—, solo por detrás de rumanos, búlgaros, holandeses y franceses.