Entrar al CIE de Zona Franca es, en teoría, sencillo. Al menos para las ONG autorizadas y los familiares, según defiende el Gobierno. Pero la realidad que viven las entidades implicadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros es distinta. Una muestra de ello es la negativa que recibió de la Delegación de Gobierno en Cataluña una comitiva de diputados catalanes y una representante europea para acceder a él.

Cerradas las vías oficiales, los representantes decidieron valerse de sus propios medios. A media mañana de ayer se presentaron en el CIE de Barcelona y se hicieron pasar por familiares de internos para lograr acceder a las instalaciones. La treta funcionó. A las 12.00, tras aguardar en la sala de espera, los diputados de ERC Pere Bosch y Marta Vilalta; de ICV-EUiA, David Companyon y Sara Vilà; de la CUP, Isabel Vallet, y la europarlamentaria de Los Verdes, Ska Keller, lograron entrevistarse con algunos de los extranjeros ingresados en el centro.

En una rueda de prensa posterior, junto a representantes de las plataformas Tanquem els CIE y SOS Racisme, denunciaron de nuevo la “opacidad vergonzosa en una democracia” del centro y las “trabas” para acceder a él. Y contaron que las personas en situación irregular con las que pudieron entrevistarse les narraron que vivían una situación “lamentable” mientras esperaban para ser expulsados (el tiempo máximo por ley es 60 días, pero la media de expulsión en el CIE de Zona Franca es de 24,87 días).

Uno de los internos le mostró al diputado Pere Bosch marcas en el muslo, que dijo que le habían hecho en las duchas, una zona en la que no hay cámaras. Otro ingresado aseguró a la diputada Sara Vilà que “lo quisieron deportar de forma engañada y, por resistirse, le dieron una paliza”. Además, los representantes parlamentarios y de las ONG recordaron que cinco internos siguen en huelga de hambre por los incidentes de Nochevieja, cuando, según denuncian, varios agentes antidisturbios entraron y les golpearon “aleatoriamente”. Hecho que se suma a la muerte de un ciudadano armenio de 42 años el 3 de diciembre que, según las autoridades, se suicidó.

“Es muy grave ver que esto sucede en Barcelona”, denunció la eurodiputada Ska Keller, en referencia a que no les hayan dejado entrar en centro. Según ella, no le habían denegado la entrada en ningún otro CIE de Europa, entre ellos de Madrid. La Delegación de Gobierno explicó, en un escueto comunicado, que se les dio la oportunidad a los parlamentarios de entrar en el centro en una visita oficial que se está organizando con las comisiones de Interior del Congreso y el Senado. “Si el CIE funciona bien, no se deberían preparar visitas, se debería poder entrar siempre”, criticó Mireia Vehí, de la plataforma Tanquem els CIE.

En medio de la controversia de ayer, el portavoz de CiU en el Senado, Josep Lluís Cleries, pidió también una visita al CIE de Zona de Franca. Además, el Colegio de Abogados propuso un centro de orientación jurídica, instalado en el mismo CIE.