En medio del debate sobre la llamada “inmigración de los pobres”, una posición presentada por la Comisión Europea (CE) ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo ha incendiado aún más los ánimos de la Unión Cristiano-social de Baviera (CSU). Los socios bávaros de la CDU de Angela Merkel ya presentaron hace una semana una iniciativa para frenar la llegada de trabajadores rumanos y búlgaros a Alemania que provocó la primera gran fisura en el seno del Gobierno de gran coalición y una intensa polémica en toda Europa.

De acuerdo a una información del periódico Süddeutsche Zeitung, la CE considera que Alemania no puede negar el pago de prestaciones sociales a inmigrantes europeos, aunque estos no hayan trabajado nunca en el país, ni estén buscando trabajo. El informe revelado por el periódico que se edita en Múnich, provocó una violenta reacción de la CSU y puede causar un profundo daño, tanto a los inmigrantes que desean buscar trabajo en Alemania, como a la imagen de país tolerante con los extranjeros que quiere ofrecer Alemania al mundo.

Ante el temor de que los trabajadores búlgaros y rumanos, que desde el 1 de enero de este año tienen derecho a obtener automáticamente permiso de trabajo en el resto de los países que integran la UE, deseen emigrar a Alemania para “aprovecharse” de las ayudas sociales, la CSU y actual socio del gobierno de gran coalición redactó un explosivo documento donde propone medidas que excluyan a los futuros inmigrantes del sistema social germano, una medida destinada a frenar la supuesta llegada masiva de trabajadores.

Las autoridades alemanas creen que unos 200.000 trabajadores rumanos y búlgaros llegarán al país en el curso del año, atraídos por la prosperidad económica del país, pero también por las generosas ayudas sociales que reciben todas las personas que tienen un permiso de trabajo en Alemania. Por ejemplo, el llamado Kindergeld, una ayuda de 184 euros mensuales que paga el Estado a las familias por cada hijo.

La polémica la desató el jefe del gobierno bávaro, Horst Seehofer, quien calificó a los futuros inmigrantes como “peligrosos turistas sociales”. Bajo el lema “el que engaña, debe ser expulsado”, la CSU elaboró un documento donde propone eliminar las prestaciones sociales en los primeros tres meses de estancia y hacer posible la expulsión del país de todas las personas que hayan engañado, por ejemplo con documentos falsos, a las autoridades para obtener un empleo.

Pero el temor de la CSU no está centrado en los trabajadores cualificados, sino en la llegada de los gitanos que habitan en los dos países, un grupo social que causa rechazo en los países pudientes de Europa. El informe de la CE presentado al Tribunal de Luxemburgo tiene su origen en un querella presentada por una ciudadana rumana que vive en Alemania desde 2010 y a la que se le han negado las prestaciones sociales que determina la llamada ley Hartz IV, que reciben los parados de larga duración.

La posición de la CE, fue calificada por la CSU como una "locura eurocrática incendiaria”. “Los sistemas sociales nacionales son y seguirán siendo responsabilidad de los Estados nacionales”, advirtió el eurodiputado de la CSU, Markus Feber. “Los sistemas nacionales de seguridad social no son una tienda de autoservicio para todos los europeos que vienen a nosotros”, añadió el secretario general del CSU Andreas Scheuer en Múnich.

“Si los funcionarios de la Comisión en Bruselas intentan, desde sus oficinas de lujo inmiscuirse en nuestro sistema nacional de seguridad social, habrá una feroz resistencia por parte de la CSU", sentenció Scheuer.

La Comisión, por su parte, dijo en un comunicado sobre el procedimiento ante el Tribunal de Justicia Europeo, que la exclusión de los ciudadanos comunitarios de los beneficios de la Hartz IV no es compatible con el derecho europeo, una posición que fue calificada por el periódico Süddeutsche Zeitung como un "descaro altamente peligroso” que puede ayudar a los críticos de la UE y a los partidos de ultraderecha a tener éxito en las elecciones europeas.