bruselas. Puede que el primer ministro británico, David Cameron, se haya convertido en el ogro que quiere cerrar a cal y canto las fronteras del territorio británico, pero hay otros países europeos que empiezan a tomar ejemplo y a poner muchas zancadillas a los ciudadanos de otros países con el argumento de que se han convertido en una carga irracional para las arcas del Estado. Este es el caso de Bélgica, un país tradicionalmente hospitalario, con un sistema de ayudas y beneficios sociales que muchos otros quisieran para sí, pero en el que cada vez más europeos son invitados a marchar. Según la última estadística hecha pública esta semana, encabezan el top 10 de expulsados rumanos, búlgaros y españoles.

En total, durante el año 2013, la oficina de extranjería belga retiró el permiso de residencia a 2.712 ciudadanos europeos. De ellos, 816 tenían nacionalidad rumana, 393 búlgara, 323 española, 305 holandesa y 265 italiana. En la lista también figuran otras nacionalidades como franceses (176), polacos (66), eslovacos (60), portugueses (56) y británicos (25) aunque en cifras muy inferiores. Entre los motivos aducidos por el organismo belga: ser una carga irracional para el sistema social o no cumplir los requisitos exigidos por no disponer de ningún contrato laboral, no tener actividad como trabajador autónomo, no tener derecho a paro o no ser estudiante.

en aumento Se trata de cifras crecientes, por encima de las de 2012, cuando fueron obligados a dejar el país 2.407 europeos – más de la mitad rumanos, españoles, búlgaros y holandeses por este orden – que multiplican las de los primeros años de la década, 343 en 2010 y 989 en 2011. Muchos achacan este incremento a la estricta aplicación de la normativa por parte del ministerio que dirige la liberal flamenca Maggie de Block pero la tendencia y el miedo parece extenderse como la pólvora por Europa tras el fin el pasado 1 de enero del período transitorio impuesto a trabajadores búlgaros y rumanos.

Según la directiva europea sobre libre circulación, todos los europeos tienen derecho a circular y residir en otro Estado miembro durante un período inferior a tres meses sin ningún tipo de requisito. Para estancias superiores a los tres meses, se exige, tal y como recoge el artículo 10 de la normativa, que dispongan de recursos suficientes para no convertirse “en una carga irracional” para el sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida. Un argumento que algunos países como Reino Unido ya han empezado a utilizar con ideas que incluyen la deportación de inmigrantes sin trabajo o recursos y la restricción del acceso a los beneficios sociales británicos.

El debate también empieza a cobrar fuerza en un país acostumbrado a recibir inmigrantes como es Alemania. La Comisión Europea rechazan los mensajes alarmistas e insisten en que las decisiones de expulsión de europeos no pueden ser automáticas sino analizadas caso a caso.