El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha vuelto a criticar la “opacidad” del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, objeto de denuncias que no han podido ser contrastadas porque el Ministerio del Interior denegó la entrada al homólogo del Defensor del Pueblo en Catalunya.

El informe de la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura (ACPT), presentado hoy por Ribó, señala que las quejas de los internos requieren una “supervisión urgente”. El último caso polémico fue la expulsión de dos internos dispuestos a declarar sobre el fallecimiento de un compañero, que las fuerzas del orden atribuyeron a un suicidio.

El Síndic considera que su testimonio podría haber aportado información sobre el motivo de su muerte, pero la institución vio como se esfumaba esa posibilidad cuando fueron deportados. Por ello, exige “más transparencia”, con normas objetivas que rijan el CIE, donde debe garantizarse el “pleno respeto por los derechos”. En el informe (pdf), también alude al clima de “incerteza” en cuanto a los procedimientos y garantías que provoca el hecho de que todavía esté pendiente de aprobación el reglamento de los CIE por parte de Interior, por lo que urge que se le dé luz verde.

Finalmente, Ribó aclara que todas las denuncias recibidas son derivadas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y a la Fiscalía para velar, “pese a todas las dificultades existentes”, por la protección de los derechos humanos de los internos.