Las detenciones en las comisarías de las policías catalanas son innecesariamente largas. Es lo que el síndic de greuges, Rafael Ribó, definió ayer como “dilaciones injustificadas en el proceso de custodia de los detenidos”. Es una de las principales conclusiones del informe de la Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura (ACPT), que depende de Ribó. En él se detallan, basándose en 53 inspecciones sorpresa en instalaciones policiales, judiciales y de centros de menores, malas praxis que deberían mejorarse.

Desde que una persona es detenida hasta que se avisa a su abogado, pueden llegar a pasar ocho horas. “Incluso nos hemos encontrado con casos de 24 horas. No se avisa hasta que no se acaban los atestados de los Mossos”, criticó ayer uno de los miembros de la ACPT, la letrada Eva Labarta. Por ello pidieron que se avise al colegio de abogados o al letrado elegido por el afectado en cuanto se efectúa la detención.

Esta situación provoca indefensión y hace que se “suspendan”, según Ribó, los derechos de los detenidos. Y, además, se agrava con las conducciones a los juzgados. Normalmente, criticó Labarta, las policías solo llevan a los detenidos a los juzgados una vez al día, por la mañana. Eso se traduce en que algunas personas que podrían pasar a disposición del juez por la tarde se ven obligados a dormir una noche más en los calabozos. Al final, algunas personas pueden estar detenidas hasta 72 horas (el máximo permitido por la ley) antes de declarar ante el instructor.

Sobre las zonas de custodia, Ribó pidió también que se cierren algunos calabozos de las policías locales porque no cumplen los requisitos mínimos. En su lugar, los detenidos pueden pasar directamente a disposición de los Mossos, algo que ya hacen en la actualidad algunos cuerpos locales. En concreto, el informe de la ACPT pide que se cierren los calabozos de las policías locales de Rubí, Sant Cugat, Manresa, Vendrell y Mollet del Vallès.

El documento recoge también una de las reclamaciones troncales del defensor del pueblo catalán: poder entrar al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zona Franca. Criticó la “opacidad” de la institución, y lamentó que las trabas que les ponen han impedido que puedan corroborar algunas denuncias de malos tratos y torturas. Es el caso del suicidio el pasado 3 de diciembre de un ciudadano armenio, en las dependencias del CIE. Varios internos denunciaron malos tratos policiales al Síndic, pero cuando trataron de ponerse en contacto con ellos para contrastar su versión, los extranjeros habían sido ya expulsados a su país. Ribó, sin embargo, evitó acusar al Gobierno de obstaculizar su investigación sobre lo sucedido.

En el informe, que ha sido entregado ya al Parlamento, se critica también la falta de limpieza en las áreas de custodia, poniendo como ejemplo uno de los calabozos en los que la ducha es a la vez el urinario. Asimismo, de nuevo se pide que todos los funcionarios de instituciones penitenciarias y policiales vayan identificados. Sobre las cárceles, critica que no se aplique la ratio de una persona por celda, algo de lo que se está muy lejos aún, según dijo Ribó. En cuanto a los centros de menores, lamenta que en casos puntuales se castigue a los menores negándoles derechos básicos, como ver a sus familiares.