Hoy arranca el primer proceso judicial del año con jurado. En el banquillo se sentará un hombre de 46 años al que le imputan tres delitos, uno de ellos de asesinato, por arrojar presuntamente al mar a su hija de dieciocho meses de edad. Los hechos ocurrieron hace tres años en Zarautz. La Fiscalía de Gipuzkoa reclama una condena de veinte años de prisión.

La vista empezará con la elección de los miembros del jurado popular, que deberán determinar el grado de culpabilidad del imputado. El cadáver de Aicha Rezmives fue hallado la mañana del 7 de octubre de 2010. A las 5.20 horas, el padre de la pequeña, Mohamed Chabou, que entonces se identificó como Said, llamó al Centro de Coordinación de Emergencias para denunciar la desaparición de la menor. El progenitor relató al operador que atendía el servicio que tanto él como su hija habían dormido en una chabola situada en el parque Montetxio, ubicado sobre la carretera N-634, junto al restaurante Aiten Etxe. El padre declaró que al despertarse descubrió que su hija no se hallaba allí. El aviso puso en alerta a los servicios de búsqueda y salvamento. Apenas habían transcurrido unos minutos desde el inicio del rastreo cuando el cadáver de la niña fue avistado en el agua.

Tras la localización de la niña, el padre fue detenido. El arresto obedecía, sin embargo, a una requisitoria de busca y captura dictada en agosto por un órgano judicial de Bilbao, después de que no compareciese en un juicio por un delito de quebrantamiento de condena. Aicha Rezmives era hija del acusado y de Tabita, una mujer de nacionalidad rumana que había sido atendida por el Servicio Foral de Urgencias Sociales así como por el Centro de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Urrats, donde estuvo acogida hasta en tres ocasiones, dos de ellas por los malos tratos de los que había sido objeto por parte del compañero.

La fiscalía considera que la noche de autos el acusado arrojó a la niña al mar, abandonó el lugar y dejó que la pequeña se ahogara. La acusación pública, que pide que sea aplicada una atenuante por la ingesta de alcohol, le imputa un delito de asesinato y dos delitos de amenazas, por los que en total solicita 23 años y medio. La acusación popular, que ejerce la asociación Clara Campoamor, coincide con la fiscalía.