El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de este miércoles un acuerdo por el que se persona en el recurso de inconstitucionalidad contra la ley foral por la que se reconoce a las personas residentes en la Comunidad foral el derecho al acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema sanitario público, al considerar que tiene competencia propia para regular la asistencia sanitaria de los excluidos en el Sistema Nacional de Salud.

PAMPLONA. Para el Ejecutivo foral, la competencia en esta materia se ejerce de hecho desde el año 1991. Además, con la modificación que supuso el Real Decreto Ley 16/2012 en la condición de asegurado, el Gobierno de Navarra ya ejerció esta competencia con la extensión de la prestación sanitaria a todos aquellos que quedaban fuera del Sistema Nacional de Salud mediante la modificación del Decreto Foral 640/1996.

Esta actuación ya generó un conflicto con el Estado, quien recurrió la norma del Ejecutivo foral ante el Tribunal Constitucional, que decretó la suspensión temporal de dicho Decreto Foral.

Ante este nuevo recurso de insconstitucionalidad, el Gobierno de Navarra considera que “debe defenderse la competencia foral personándose en la causa y solicitando el levantamiento de la suspensión”.

La personación tiene por objeto defender la competencia navarra en este ámbito, y no la propia ley foral en sí, aprobada por el Parlamento, “cuya aplicación en la práctica ha tenido consecuencias no deseadas”.

Así, el Gobierno foral ha indicado que “la norma que se suponía que tenía como objetivo la inclusión en el sistema sanitario público y gratuito a las personas que habían sido excluidas y que carecían de recursos económicos o estaban en una situación irregular, ha supuesto de hecho la entrada en el sistema público a personas de elevados ingresos puesto que podían solicitar la asistencia con la acreditación de un solo día de estancia en Navarra”.

De hecho, en los meses en que esta Ley Foral ha estado en vigor, se ha tenido que conceder un documento sanitario navarro, además de a inmigrantes irregulares, a ciudadanos procedentes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Italia o Portugal.

Con la suspensión de la Ley Foral 8/2013 de 25 de febrero, la normativa a aplicar en Navarra es la estatal (Real Decreto Ley 16/2012) que establece que se debe facturar la asistencia sanitaria a todos lo que se encuentran prestando la asistencia sanitaria pública sin contraprestación a todas aquellas personas que no tengan recursos o que estén en situación de inmigrantes irregulares.

Para ello, durante los alrededor de cinco meses que considera durará la suspensión de la citada Ley, emitirá prefacturas que se quedarán sin ejecutar hasta ver cómo se pronuncia el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, las personas que mediante la Ley Foral 8/2013 obtuvieron el documento sanitario navarro no se van a ver afectadas por la suspensión y se les va a continuar prestando la atención sanitaria gratuita, derivada de su documento, como se hacía hasta ahora.