donostia. “He emigrado, pero no he dejado de ser precario”. “La falta de expectativas me obliga, quiera o no quiera, a seguir fuera”. “Somos la generación take away”. Estos y otros testimonios de jóvenes vascos que se han ido al extranjero para tener una oportunidad laboral ilustran y fundamentan un informe del Consejo de la Juventud de Euskadi sobre Emigración laboral en el que se pone de manifiesto la cara menos amable de un fenómeno migratorio acentuado por la crisis económica y la alta tasa de paro entre la población menor de 30 años.

Además de destacar las dificultades inherentes a la búsqueda de empleo en el extranjero, el informe señala que los jóvenes que deciden emigrar sufren la pérdida de derechos y prestaciones tan importantes como la tarjeta sanitaria, el paro o el puesto en las listas de Etxebide. Ante esto los jóvenes vascos piden a las instituciones planes de empleo para que la emigración sea una opción y no una necesidad, información veraz sobre las condiciones laborales en el extranjero, la homologación de títulos y la generación de oportunidades de retorno.

En la presentación del informe SOS Gazte: emigración laboral juvenil, la presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi, Itsaso Andueza, destacó que “si bien es cierto que marcharse a otro país puede resultar positivo para algunas personas, en muchos otros casos acarrea problemas y repercusiones negativas actualmente invisibles en nuestra sociedad”. Añadió que emigrar al extranjero, “en vez de ser una solución a la precariedad laboral que sufrimos aquí las personas jóvenes, a menudo sólo la prolonga y la traslada de lugar, puesto que en muchas ocasiones los puestos de trabajo en los países de destino son inestables y están mal pagados, a lo que se suman dificultades para acceder una vivienda digna”.

sin tarjeta sanitaria Los testimonios aportados por los jóvenes que han optado por emigrar evidencian que la decisión y la organización del viaje son un proceso difícil y dinámico, que a menudo se salda con nuevas dificultades laborales, sociales y económicas en el país de destino. Pero también que a todo eso hay que sumar una larga serie de problemas burocráticos y una pérdida de derechos acentuada desde el pasado 1 de enero con la entrada en vigor de la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Esta ley, mediante una enmienda introducida por el Gobierno del PP, establece que los desempleados de larga duración perderán el derecho a la Sanidad Pública por estar fuera del país más de 90 días, lo que obligará a todos los jóvenes que han tenido que emigrar por cualquier circunstancia a contratar un seguro sanitario privado. Además, si en un futuro estos jóvenes deciden regresar al Estado español seguirán sin poder beneficiarse de la asistencia sanitaria pública hasta que no encuentren un puesto de trabajo, ya que al haber estado fuera más de tres meses pasan a ser considerados como no residentes y no tendrán derecho a ser atendidos por la Seguridad Social.

Según Itsaso Andueza, muchos jóvenes que se marchan fuera “pierden la antigüedad en el padrón y, en consecuencia, están perdiendo también sus derechos en Euskadi en materia de acceso a prestaciones públicas y viviendas de protección oficial, así como en lo que se refiere a la cotización para su futura pensión o al ejercicio del voto en las elecciones municipales”. Como ejemplo, Andueza detalló que “cientos de jóvenes salen del país para buscar activamente empleo y, sin embargo, en el momento que notifican que se marchan dejan de cobrar la prestación por desempleo (si es que la tenían), por lo que en muchos casos pierden el único recurso económico del que disponían para salir a buscarse la vida”.

La emigración también tiene unas consecuencias sociales puestas de manifiesto por los jóvenes que han contribuido a la elaboración del informe. Así, hablan del desarraigo familiar, de las dificultades para hacer amigos y de la pérdida de contacto con el euskera y la cultura vasca.