Nadie sabe cuántos ni quiénes son. Lo que se sabe es que desde que llegaron ellos la mugre y los incidentes se han convertido en rutina para el vecindario. Un grupo de familias gitanas rumanas ocupó hace dos años un edificio entero abandonado en la envidiable ubicación del número 13 de la calle Doctor Esquerdo, en pleno distrito de Salamanca. Desde entonces, no han cesado las molestias para los vecinos que ya estaban allí y que sí pagan por el techo que los cobija.

Peleas, constantes visitas de la Policía y porquería, sobre todo mucha porquería, se han convertido en elementos familiares para residentes como Monsterrat Velasco. «Esto no hay quien lo aguante, pero lo peor es la suciedad. No puedo abrir las ventanas de mi casa porque entran unas moscas enormes. No sé lo que haré como esto no se arregle de aquí al verano», asegura esta mujer recién jubilada.

Velasco es la vicepresidenta de la comunidad de propietarios del edificio colindante, que comparte patio con el fortín okupa, un patio que parece un vertedero. Plásticos, montañas de chatarra e incluso excrementos humanos se acumulan en él. Operarios del Ayuntamiento lo limpian periódicamente. Les da para llenar un camión con los residuos, pero la suciedad siempre avanza más deprisa que la burocracia municipal en este asunto. Ángeles Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Fuente del Berro, explica que la habitación donde duerme su nieto también convive con tan fétida realidad y añade otro factor para la inquietud, el de la inseguridad: «Hay mucha gente que ya evita ese tramo de la calle».

Quizá sea una exageración. En la papelería y en la clínica dental que son los establecimientos comerciales más cercanos no muestran una especial preocupación. Sin embargo, los datos de la Jefatura Superior de Policía apuntan a que el inmueble, además de un foco de insalubridad, lo es de delincuencia. Solo en los últimos 4 meses, los agentes han recibido 50 llamadas por alborotos diversos. En una de las intervenciones policiales fue detenido un hombre por un presunto delito de agresión sexual. En otra ocasión, los bomberos tuvieron que extinguir el incendio que provocó uno de los okupas cuando manipulaba el cajetín de la electricidad. El hombre sufrió quemaduras y los vecinos un susto más que añadir a la colección.

La pregunta es cómo es posible que todo un edificio situado a escasos metros de la plaza de Manuel Becerra se haya convertido en semejante pozo de cruda marginalidad. Al parecer, la empresa propietaria se quedó sin dinero para completar la rehabilitación que había iniciado y dejó los trabajos a medias. Los rumanos aparecieron poco después de marcharse los albañiles. Con ellos dentro, empezó a proliferar la cochambre y menguaron cables y tuberías.
Meses sin respuesta

«Llevamos meses intentando acabar con esta situación», cuenta Velasco, que recuerda que hace alrededor de un año acudió al lugar el concejal de distrito. «Nos dijo que lo único que podía hacer era avisar a los propiedatarios». El problema es que la tramitación judicial de los desalojos de los okupas va piso a piso y, claro, como cuentan fuentes policiales, «en cuanto los echas del tercero se meten en el segundo». Estas mismas fuentes aseguran que están intentando centralizar todas las denuncias para poder efectuar un desalojo total del inmueble, pero hasta el momento no ha habido suerte.

Mientras, los rumanos que lo habitan siguen llenándolo de la chatarra con la que, además de la mendicidad, se ganan la vida. Una visita a estos inmigrantes es un viaje a un universo hasta hace poco difícil de asociar al emplazamiento donde están instalados. Apenas hablan español, o no lo hablan con la prensa, y al decorado de sus vidas están acostumbrados los voluntarios que asisten poblados chabolistas como El Gallinero, pero no quienes ahora son sus vecinos a la fuerza. Uno de ellos, Luis, cuenta que está «harto de verlos revolver en el cubo de basura de mi comunidad». Velasco, por su parte, entiende que «esta gente necesita un lugar donde vivir, pero su comportamiento es totalmente inaceptable».
Yonquis e inundaciones
g. d. o.
Hay una minoritaria colonia española, formada por veteranos toxicómanos, en el edificio que los rumanos han hecho suyo. Según cuentan algunos vecinos, los policías los tienen aleccionados para que los avisen cuando hay problemas. La finca está presente con tanta frecuencia en la jornada de los agentes que, a la espera de que los tribunales den con la solución, han decidido que lo mejor es tener una fuente dentro.
El agua también ha sido causa de conflicto. Una tubería destrozada comenzó a verter cientos de litros de agua sobre el patio que comparte con el edificio de al lado, lo que obligó al Canal de Isabel II a cortar el suministro ante la posibilidad de que el la humedad pudiera terminar afectando a los cimientos. Además, los okupas se proveían de agua en la fuente pública de un parque cercano. La presidenta de la Asociación vecinal del barrio abordó la situación con el Ayuntamiento y la única solución que encontraron para evitar el abuso fue cortar el agua de la fuente. Ahora ya no la da para nadie.