A los europeos de 2014 nos ha tocado vivir una peligrosa involución ideológica que castiga, entre otros, a los inmigrantes. De nada sirve que los datos muestren de manera sistemática que la inmigración sigue siendo beneficiosa o neutra para las economías de la UE: con la crisis por montera, es raro el Estado en el que no se limitan los beneficios sociales de los extranjeros, se endurecen sus condiciones laborales o se violan abiertamente derechos fundamentales como el de asilo y refugio. Los movimientos de extrema derecha reaparecen como setas tóxicas en media Europa, y en todos los países el populismo cobra fuerza en los partidos tradicionales de derechas e izquierdas (que se ciñen a garantizar los derechos de los trabajadores en situación regular; el resto, que se hubiese quedado en casa).

Afortunadamente, no todo el mundo tiene un sillón que mantener. La regresión europea se ha topado con la resistencia de algunos gobiernos y partidos políticos, y de numerosos movimientos sociales que demuestran de manera activa su solidaridad con los extranjeros y el sentido común de quienes entienden la ciudadanía global como un valor inherente al siglo XXI. Pero hay una voz cuyo silencio resulta estruendoso: la de las instituciones y ONG dedicadas a la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo.

Entiéndanme bien: cualquiera de estas organizaciones está cuajada de individuos que participan de manera más o menos activa en los movimientos proinmigración. Lo que a mí me llama la atención es la ausencia de una posición firme y explícita por parte de sus instituciones. Se trata de organizaciones que cuentan con un importante ascendiente moral y con poderosos aparatos de comunicación, herramientas que serían muy útiles en este momento. Si conocen de primera mano la realidad de la que provienen los inmigrantes y los solicitantes de asilo, ¿por qué no se arman de esa legitimidad para dirigirse a sus bases, a los gobiernos con los que trabajan y al conjunto de los ciudadanos y alertarles sobre lo que constituye una de las emergencias éticas de nuestro tiempo?

La respuesta, por sorprendente que parezca, es que no consideran que este sea asunto suyo.

Dejando a un lado a quienes argumentan que la movilidad internacional de trabajadores es una amenaza para los países de origen y destino (un reciente e irritante libro del gurú del desarrollo Paul Collier del que hablaremos en su momento enfatiza este argumento alineándose en la práctica con las posiciones más conservadoras), la mayor parte de los expertos en pobreza internacional asume que la emigración es consecuencia del fracaso de las políticas de desarrollo, antes que un mecanismo de prosperidad en sí mismo. Y eso explica que la suerte de los emigrantes deje de ser asunto suyo en el momento en el que abandonan los países de origen, como si su compromiso estuviese limitado a un territorio y no a sus habitantes. Por ejemplo: la obsesión de las ONG y expertos por las remesas (que triplican la ayuda, todo sea dicho) contrasta con el modo en el que ignoran la monumental contribución de la emigración a la caída de las desigualdades globales. Por alguna razón, el hecho de que cuatro de cada cinco haitianos que han escapado de la pobreza lo hayan hecho en los EEUU no resulta tan sexy para los donantes como un buen programa de ayuda alimentaria.

Esta situación podría cambiar en los próximos años. En pleno debate sobre el futuro de los objetivos del desarrollo tras 2015, la movilidad internacional de trabajadores parece haber encontrado hueco en el nuevo diseño de la estrategia global contra la pobreza. El Diálogo de Alto Nivel sobre Migraciones y Desarrollo, celebrado en Nueva York el pasado mes de octubre, es prueba de ello. Con un poco de suerte, gobiernos como el británico podrán explicarnos en algún momento cómo casa incrementar la ayuda a los países remotos mientras tratan como delicuentes a quienes se están desarrollando delante de sus propias narices.