La Gran Coalición alemana no tiene aún ni cuatro semanas de vida y ya se enfrenta a un primer y sonado desencuentro a propósito de la inmigración pobre. El número dos del Gobierno de Berlín, el vicecanciller socialdemócrata Sigmar Gabriel, intentó ayer pasar a Bruselas la patata caliente de la oleada de inmigrantes rumanos y búlgaros que están llegando a Alemania sin trabajo afirmando en una entrevista publicada por Bild que «la UE debe reclamar a Rumanía y Bulgaria». «El Gobierno [alemán] debe intervenir para apoyar y, en caso de duda, también ejercer una suave presión», añadió Gabriel, dejando recaer sobre las autoridades europeas la responsabilidad de una decisión para la que no hay consenso en el seno del Ejecutivo alemán.

Gabriel se refirió sin tapujos a «una serie de ciudades [alemanas] en las que hay problemas masivos con la aglomeración de inmigrantes que no pueden encontrar un trabajo, que son aparentemente independientes y que a menudo sobreviven en condiciones infrahumanas y son víctimas de abusos». Reconoció que «el Gobierno federal ayudará financieramente a las ciudades afectadas, esa decisión forma parte del acuerdo de coalición, pero con eso no será suficiente». En su opinión, «es necesario luchar contra la pobreza en los países de origen y la UE tiene a disposición recursos para ello».

En la misma entrevista, Gabriel criticó indirectamente la posición de su socio de coalición bávaro, la CSU de Horst Seehofer, que ha sugerido que los rumanos y búlgaros sin recursos acuden a Alemania con la intención de beneficiarse del generoso sistema social de este país y que propone su repatriación, además de crear un registro de sus huellas dactilares para impedir que intenten volver. «Aquí lo que no necesitamos son frases de campaña», reprochó Gabriel, que sin embargo desobedeció la consigna que la canciller Merkel ha dado de no entrar al trapo de esta polémica y dejar el asunto en manos de una comisión a nivel de secretarios de Estado que saldrá del Consejo de Ministros que se celebre el próximo miércoles.

La trifulca entre los partidos de la coalición, que han emitido en los últimos días declaraciones contradictorias sobre el asunto, ha impulsado a Merkel a abandonar su sacrosanto descanso vacacional, días en los que no suele hablar ni con su secretaria, y llamar por teléfono a Gabriel para acordar un estratégico silencio de las principales figuras del Gobierno que termine retirando el asunto del primer plano informativo.

«No soy partidario de hablar de este problema de forma artificialmente sobredimensionada, pero tampoco podemos trivializarlo», respondió Gabriel. El debate sobre la inmigración social en Alemania no deja de tener un considerable componente artificial, ya que solamente el 0,6% del gasto del programa social denominado Harz IV es destinado a inmigrantes sin recursos procedentes de Rumanía y Bulgaria. Pero la polémica prende fácilmente en la sociedad alemana debido a la situación financiera precaria de muchos de sus ayuntamientos municipales, sobre los que recae la gestión del problema, y a este respecto Gabriel da prioridad a la situación de los municipios, por encima de la situación social de los inmigrantes, que pide atajar, vía Bruselas, en los países de origen.

Las discrepancias entre los socios de coalición dejan en segundo plano el discurso de la oposición. La jefa del grupo parlamentario verde, Rebecca Harms, consideró ayer el debate como una «lamentable demagogia».