«Las fronteras se abren a 29 millones de pobres búlgaros y rumanos», alerta Nigel Farage, líder del Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP). Un folleto de su organización retrata a la población global de ambos países, que el 1 de enero podrán circular con pleno derecho por la Unión Europea, como «asquerosos chinches extranjeros». «Si dejamos que sigan entrando, el país entero se llenará de estos parásitos», denuncia la propaganda de un partido con agenda antieuropea y anti inmigración.

El UKIP exagera en su insultante visión de Bulgaria y Rumanía. Nadie cree en sus proyecciones, pero gana votos alimentando el pánico ante supuestas olas de inmigrantes continentales. Los sondeos apuntan a su victoria en las elecciones al Parlamento Europeo, abriendo la posibilidad de una humillante cuarta posición para el Partido Conservador, que gobierna en coalición con los liberaldemócratas desde 2010.

Al primer ministro británico, David Cameron, se le atragantarían las uvas, si celebrara la Nochevieja en España. El año 2014 llega con dos peligros colosales: los comicios europeos en mayo y el referéndum independista en Escocia en setiembre. La derrota en la primera cita con las urnas reforzaría al sector tory que reclama la salida de la UE y debilitaría la baza de su líder cara a los comicios generales de 2015. La victoria del sí a la independencia dejaría a Cameron como el jefe del Gobierno que no pudo impedir el desmembramiento del Reino Unido.

Downing Street conduce ambas campañas en tono excesivamente negativo, según denuncian la vieja guardia tory e institutos de investigación. «El libre movimiento de población es motor vital de crecimiento y prosperidad en la Unión Europea y beneficia a todos los estados miembros, incluido el Reino Unido», señala un reciente estudio del IPPR. Otros informes coinciden en los beneficios económicos de la inmigración pero la política y retórica del Gobierno se centra en los ilegales y en medidas de emergencia contra búlgaros y rumanos.

La ONU ha denunciado el proyecto de ley contra los sin papeles que contempla restringir el derecho fundamental a la vida familiar, acelerar el proceso de apelaciones y facilitar las deportaciones. Además, los inmigrantes temporales no serán atendidos gratuitamente en la sanidad pública y propietarios de viviendas en alquiler deberán asegurarse de que sus arrendados están debidamente documentados. Las entidades bancarias habrán de chequear una base de datos antes de abrir una cuenta a cualquier cliente.

Rumanos y búlgaros tendrán que residir en el país tres meses antes de cobrar el paro y demostrar cada seis meses que tienen perspectivas reales de trabajar para prolongar este y otros subsidios estatales. Vagabundos y mendigos serán deportados sin posibilidad de retorno en un año. Esta última medida se dirige en particular a la comunidad gitana de Europa del Este, que ha llegado a montar campamentos frente a Hyde Park, en Londres.

El Gobierno está tapando agujeros que no existen. Todos los estudios afirman que los inmigrantes de Europa del Este son «más propensos a tener empleo y pagar impuestos; a depender menos de los subsidios estatales» que los británicos. También son más jóvenes y con mejor salud que la media nacional. Las medidas de emergencia tratan en realidad de frenar el envite de UKIP de Farage, cuyo mensaje alarmista contra la inmigración se hace eco en el electorado.

Los británicos tienen motivos para temer una nueva oleada de europeos. En 2004, con el acceso a la Unión Europea de los ocho primeros países del Este, el Gobierno laborista calculó que llegarían entre 5.000 y 13.000 al año, pero la cifra real superó los 700.000 hasta 2012. La situación es hoy diferente: todas las fronteras comunitarias caen para búlgaros y rumanos al toque de las campanadas de 2014. Además, desde su ingreso en 2007, 158.000 ciudadanos de ambos países se han instalado en Gran Bretaña, indicativo de que tal vez los que querían emigrar ya lo han hecho. Autoridades locales del sureste inglés temen, sin embargo, que la recuperación de la economía británica y la creación de empleo en los últimos meses actuarán de imán para el inmigrante. Una nueva invasión pondrá al límite sus recursos sanitarios, escolares y residenciales.

Los nueve millones estimados de personas desplazadas por el conflicto en Siria han encontrado un inesperado aliado en la figura de Nigel Farage, líder de UKIP. El más feroz cruzado contra la migración hacia el Reino Unido quiere abrir las fronteras a refugiados sirios. Tras alertar que las islas británicas no pueden absorber la invasión de rumanos y búlgaros que, según sus previsiones, llegará a partir de hoy 1 de enero de 2014, el político insta al Gobierno a dar refugio a la población siria. «Un refugiado es muy diferente a la migración económica. Todos en el Oeste libre tenemos la responsabilidad de intentar ayudar a algunos de los que huyen de Siria, literalmente por temor a sus vidas», afirmó a la BBC.

El Ejecutivo que encabeza David Cameron se resiste a ampliar las habituales medidas de asilo a los que escapan de la guerra civil en Siria y centra su ayuda en prestaciones económicas, además de suministros sanitarios y alimentos. De acuerdo con un portavoz, Londres va a destinar medio millón de libras (unos 600.000 euros) en ayudas a la región, «más del doble que el conjunto» de donaciones del resto de los países miembros de la Unión Europea.

Indignación del Gobierno de Sofia

El embajador de Bulgaria en Alemania, Radi Naidenov, criticó duramente el debate sobre una posible ola de inmigrantes de su país y Rumanía, y los calificó como argumentos populistas. «Quien se vale de prejuicios y argumenta de manera populista daña en su conjunto las ideas europeas y con ello a todos», afirmó ayer al diario ‘Die Welt’ . «El derecho a poder trabajar en otros países es uno de los principios básicos de la UE», recordó el embajador. La Unión Social Cristiana (CSU), el hermano bávaro de la CDU de Merkel, lleva un tiempo alertando de la oleada de inmigrantes de esos países, sobre todo, al sistema social germano. Sin embargo, las cifras revelan otra realidad: Alemania necesita la mano de obra de otros países, porque de acuerdo a la Asociación de la Industria Alemana el país perderá 6,5 millones de trabajadores hasta 2020.