Por las rendijas de la legislación comunitaria se cuelan situaciones poco compatibles con los valores de la Unión Europea. Bélgica ha aprovechado una de esas rendijas para incrementar lo que hasta hace poco era una práctica aislada: la expulsión de ciudadanos comunitarios que representan “una carga excesiva” para el sistema social. En 2012, 1.918 europeos tuvieron que abandonar el país, el doble que un año antes. Y en los ocho primeros meses de 2013, la cifra superaba ya las 1.100 personas.

Para ilustrar la crudeza de este tipo de salidas forzosas de ciudadanos europeos, la prensa belga se hizo eco hace unos días del caso de una familia francesa con cuatro hijos y amenazada de expulsión. Tras residir en el país durante tres años, la familia se enfrentaba al retorno por no poder acreditar recursos suficientes para subsistir en el país. El impacto de la noticia permitió a la mujer encontrar un trabajo a tiempo parcial. Pero las expulsiones continúan para otros muchos europeos anónimos que no logran una solución a tiempo.

Los datos sobre estas expulsiones han salido a la luz por una pregunta parlamentaria formulada a la secretaria de Estado de Asilo y Migración, Maggie De Block. Pero los cambios legales que han acelerado las expulsiones del país datan de 2012. “No hay nada nuevo”, argumenta una portavoz de De Block, que se sorprende de que varios medios locales y extranjeros se hayan hecho eco estos días de la situación belga. La portavoz explica que la ley se endureció en 2012 para evitar los abusos que dicen detectar en las ayudas sociales que perciben algunos ciudadanos comunitarios.

El Ejecutivo utiliza una rendija legal y duplica la cifra de repatriados

El Gobierno basa esa ley en una directiva europea que entró en vigor en 2004 y que fijaba las condiciones de libre circulación y residencia de los ciudadanos comunitarios en el conjunto de la UE. Aunque el espíritu de esa norma es precisamente consagrar este derecho esencial europeo, la ley belga se agarra a una interpretación, más que a una afirmación expresa, de esa directiva. El texto que salió del Parlamento Europeo aseguraba que los ciudadanos comunitarios gozarán de derecho de residencia “mientras no se conviertan en una carga excesiva” para el Estado que los acoge. Para el Ejecutivo del socialista Elio Di Rupo, eso implica que, si son una carga, deben ser expulsados.

Al igual que ocurre en países vecinos, detrás de este tipo de medidas figura un personaje político que ha cimentado buena parte de su popularidad en las políticas de mano dura hacia el extranjero. De Block, la responsable de Asilo, es una liberal flamenca que figura a la cabeza de los políticos más valorados en la escena belga. El complejo engranaje de la política en este país, con un Ejecutivo de coalición que aglutina a seis partidos de todas las sensibilidades —salvo los nacionalistas flamencos— da pie a que salgan todo tipo de medidas de un mismo Consejo de Ministros.

De Block se equipara así a otros colegas como la temida ministra británica de Interior, Theresa May, que ha mantenido el discurso más rotundo contra los extranjeros, o su homólogo francés, Manuel Valls, el miembro más valorado del Ejecutivo de François Hollande tras haber adoptado decisiones controvertidas como las expulsiones de gitanos.