Angela Merkel se vio obligada ayer a hacer un gesto a sus socios socialdemócratas tras la polémica desatada en la gran coalición alemana sobre la llamada «inmigración de los pobres», en referencia al temor de una oleada de búlgaros y rumanos desde el 1 de enero en busca de beneficios del sistema social alemán. Merkel acordó con Sigmar Gabriel, el vicecanciller alemán y jefe del PSD, constituir un comité de secretarios de Estado para analizar posibles medidas en política de inmigración para evitar fraudes al sistema social alemán.

El comité estará formado por los secretarios de Estado de los ministerios de Exteriores, de Interior, de Trabajo y Asuntos Sociales. Su cometido será ver qué «medidas operativas pueden ayudar contra un posible abuso de las prestaciones sociales», informó el viceportavoz del Gobierno alemán, Georg Streiter, según la agencia DPA. El organismo se constituirá en la reunión del próximo miércoles.

Sin embargo, Streiter indicó que no se fijarán medidas determinadas como sugirió ayer el veterano eurodiputado Elmar Brok de la Unión Cristianodemócrata (CDU), que reclamó tomar las huellas dactilares de los inmigrantes que defrauden al sistema social alemán.

Brok propuso la repatriación de los inmigrantes del Este «que solo acudan a Alemania en busca de la ayuda social, el dinero por hijo o el seguro sanitario». «Para evitar que vuelvan a entrar en el país deberíamos pensar en tomar sus huellas dactilares», declaró al diario Bild.

Sin embargo, el vicepresidente de la CDU, Armin Laschet, criticó estas declaraciones en la emisora WDR 5 y afirmó que esa propuesta no tiene cabida en una «Europa abierta».

Poco antes del anuncio, el presidente de Los Verdes, Cem Özdemir, criticó el silencio de Merkel en el debate abierto por la CSU, partido hermanado a la CDU, sobre política de inmigración. «Mi impresión es que la única razón para el debate no es la libertad de movimiento de los trabajadores en la UE, sino que el 18 de marzo hay elecciones locales en Baviera y la CSU tiene miedo», indicó.