BERLÍN / LONDRES Una parte de Europa no se siente nada cómoda con el libre movimiento de trabajadores europeos, un tema clave en la integración del Viejo Continente y su mercado único.

El recelo está un poco por todas partes, pero de Londres y Munich ha salido la oposición más clara a la legislación europea que el primer día del año entró en vigor: los trabajadores de Bulgaria y Rumanía ya pueden trabajar en todos los países de la Unión Europea sin necesidad de contar con un permiso laboral.

Hace ya meses que los conservadores bávaros o la prensa amarilla inglesa disparan contra este nuevo paso hacia la integración, y el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, intentó ayer aplacar la oposición.

“Facilitar el libre movimiento puede tener un papel a la hora de afrontar el desempleo y contribuir a reducir las disparidades entre los diferentes países de la UE”, aseguró Andor.

Los trabajadores rumanos y búlgaros ya podían trabajar sin restricciones en 19 países que no les pedían trámites adicionales y han podido viajar y residir en cualquiera de los países de la Unión Europea desde que sus naciones se incorporaron al bloque comunitario en el 2007.

La Comisión Europea estima que en la actualidad hay unos tres millones de búlgaros y rumanos viviendo en otros países miembros de la Unión y considera “improbable” que el levantamiento de las restricciones provoque un “incremento destacable”.

“El libre movimiento de personas ha sido uno de los puntos clave de la integración de la UE y de su mercado único. Este derecho es uno de los más apreciados por los europeos, con más de catorce millones de personas estudiando, trabajando o retirándose en otro país miembro. De hecho, la libertad de movimientos es el derecho que las personas asocian más estrechamente con la ciudadanía de la UE”, subrayó el comisario de Empleo. “Los trabajadores movilizados complementan al país anfitrión ayudándole a cubrir vacíos y escaseces laborales. No quitan trabajos a los trabajadores locales”, añadió.

La pretensión de los conservadores de Baviera (sur de Alemania) de restringir el acceso de los inmigrantes al sistema de prestaciones sociales germano –pretensión generada ante una temida llegada de trabajadores búlgaros y rumanos– ha provocado el primer roce en la coalición de Gobierno de la canciller, Angela Merkel, con el Partido Socialdemócrata (SPD).

En declaraciones al diario Süddeutsche Zeitung, el ministro de Asuntos Exteriores, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, advirtió ayer que “no se pueden sacrificar las grandes conquistas europeas en el altar del populismo político”, y subrayó que “la libertad de movimiento de los trabajadores es una parte irrenunciable de la integración” comunitaria.

“Alemania se ha beneficiado de ello de manera extraordinaria y mucho más que otros países”, recordó Steinmeier a la Unión Socialcristiana (CSU), el ala bávara de la Unión Cristiana Demócrata (CDU) de Merkel y tercer partido en el Gobierno de “gran coalición” suscrito a finales de año.

Las propuestas de la CSU, que el partido debatirá la próxima semana en un congreso, parten del temor de que el país se convierta en destino de la que denominan “inmigración de la pobreza”. Para evitarlo, plantean suspender el acceso a las prestaciones sociales durante los primeros tres meses de estancia del inmigrante en el país y actuar con más contundencia contra los defraudadores, expulsarlos de Alemania e impedirles que vuelvan a entrar en él.

Steinmeier se mostró convencido de que limitar la libertad de movimiento de los trabajadores en la UE “daña a Europa y daña a Alemania”. “En estos momentos vienen a nuestro país muchos jóvenes del sur de Europa para estudiar y trabajar con nosotros. Nos aprovechamos de ello y supone además una ayuda a sus países de origen”, apuntó.