El Gobierno británico ultima una reforma sanitaria que restringiría el acceso de los extranjeros al sistema público mediante el cobro de determinados servicios, en un intento del Ejecutivo de David Cameron de reducir los 500 millones de libras que, según el Departamento de Sanidad, cuesta la atención médica de ciudadanos sin residencia.

El plan, cuyos detalles definitivos previsiblemente serán publicados en marzo de 2014, contempla cobrar a los extranjeros por la prescripción de recetas o mayores cuotas por el uso de los servicios de óptica y odontología, según la BBC. El Gobierno estudia también la introducción de un nuevo sistema para identificar y registrar a los pacientes que no tengan acceso libre a la sanidad pública.

Quedan fuera de este nuevo sistema las consultas de medicina general y de enfermería, que seguirán siendo gratis, así como la asistencia inmediata en caso de emergencia. No obstante, en este último caso, las autoridades se reservan la posibilidad de cobrar tratamientos o ingresos hospitalarios necesarios ‘a posteriori’.

El Departamento de Sanidad calcula que, cada año, la asistencia médica a extranjeros supone a las arcas públicas de Reino Unido unos 500 millones de libras (600 millones de euros).

El secretario de Estado de Sanidad, Lord Howe, ha advertido este lunes de que el actual sistema universal hace del país “la envidia del mundo”, pero ha apuntado que corresponde al Ejecutivo asegurarse de que se trata de un “método justo” para “los contribuyentes británicos que lo financian”.

El Partido Laborista está de acuerdo con “mejorar la recuperación de costes” derivados de la asistencia extranjeros. Sin embargo, por boca de su portavoz en Sanidad, Lord Hunt, ha lamentado que los médicos y enfermeras terminen convertidos en “agentes de inmigración”.

Hunt ha pedido al Gobierno de Cameron que, en lugar de buscar “titulares” con este tipo de informaciones, apueste por cambios “razonados” y “prácticos”, informa ‘The Guardian’.

La Asociación Médica Británica, por su parte, ha advertido de que la reforma podría ser contraproducente si los profesionales médicos terminan dedicando demasiado tiempo a rellenar papeles. Asimismo, teme que la administración gaste en trámites burocráticos más dinero del que recuperará con las nuevas tasas.

Los cambios en materia de inmigración, largamente anunciados por Cameron, tienen como contexto el inminente fin de los controles aplicados hasta ahora a rumanos y búlgaros. El 1 de enero de 2014 expiran los límites vigentes para esos dos países de la Unión Europea y Cameron quiere imponer nuevas reglas para limitar lo que él mismo ha calificado de “desequilibrio” migratorio.